* Se busca que la norma se ajuste a objetivos de ley constitucional
* Propone relator escuchar a todos los sectores interesados en esta reforma

México, DF.- Senadores integrantes de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía recibieron a Frank La Rue, relator especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, con el propósito conocer su opinión y experiencias, como defensor de la libertad de expresión y derechos humanos.

La senadora del PRD, Alejandra Barrales Magdaleno, presidenta de la Comisión, dijo que lo anterior, con el fin de normar un mejor criterio en el proceso de dictaminación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en México, presentadas por el Ejecutivo federal, y agregó que las leyes secundarias, buscan reformar 16 normas para ponerlas acorde a la reforma constitucional más reciente.

Los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rabindranath Salazar Solorio y Zoé Robledo Aburto, coincidieron con Barrales Magdaleno en que estas propuestas se separan del espíritu de la reforma constitucional, pues trastocan avances importantes.

Entre otros asuntos, se plantea retirar facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para definir la predominancia de entes en el mercado y regresar a manos del Estado el control de los medios de comunicación, al señalar pretender regresar facultades a la Secretaría de Gobernación (Segob) para revisar contenidos.

Asimismo, se propone que el Ministerio Público solicite a las empresas de telefonía entregar información privada de los ciudadanos, como el registro de llamadas de usuarios, aunque no hayan sido señalados como culpables de la comisión de algún delito, y conservar la información durante dos años.

Se plantea la geolocalización de los usuarios para ubicarlos físicamente, interrumpir su señal y que sean consignados a partir de sus expresiones en las redes, lo cual consideran como “censura en internet”.

El relator especial Frank La Rue consideró que la ley secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión debe estar integrada a partir de consultas, opiniones y propuestas de los sectores interesados en el tema, siempre y cuando se mantenga la defensa de los derechos humanos, la protección a la privacidad y la universalidad de las comunicaciones.

En su opinión, el tema de la revisión de contenidos debe estar bajo el mando del órgano regulador, el IFT y no de un órgano político, porque se corre el riesgo de caer en la censura.

Lo que se busca, dijo, es que en ninguno de los puntos de la ley secundaria se retroceda en el objetivo de la reforma constitucional aprobada en 2013, que garantiza el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información y fomenta la competencia.

El relator felicitó al Congreso por la reforma constitucional, sin embargo, destacó que ésta debe ser defendida en todo su contenido en los tiempos que establezcan los propios legisladores, por lo que propuso realizar consultas amplias y multisectoriales que tengan como eje la defensa de los derechos humanos y la democracia del país.

Frank La Rue comentó que en países de América Latina se han dado debates de hasta dos años para tener una ley que regule el contenido y participación de empresas en el sector. Dos años puede ser mucho tiempo, señaló, pero lo que se pierde de tiempo se gana de consenso nacional, de solidez y credibilidad en la ley.

Robledo Aburto entregó al relator su opinión sobre la propuesta de Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, presentada por senadores del PRD, en respuesta a las leyes secundarias, y le solicitó su opinión al respecto.

Al mismo tiempo cuestionó que se coloque a concesionarios o a los autorizados a prestar el servicio de acceso a internet para que juzguen la licitud o ilicitud de contenidos, servicios y aplicaciones en una responsabilidad que no les corresponde y que se traduce en abusos de éstos pues se generan incentivos para censura privada de las expresiones.

El senador Alejandro Encinas Rodríguez, dio la bienvenida al relator Frank La Rue y le pidió que acompañe y dé seguimiento al debate en el Senado de la República; en tanto que la senadora Barrales Magdaleno pidió la opinión del relator, respecto al tema de la licitación de dos nuevas cadenas de televisión.

La Rue destacó que hay cinco planteamientos respecto a la privacidad de los datos. El primero de ellos, es que el internet, para ser democrático, se tiene que ver con un enfoque de derechos humanos.

El segundo principio, señaló, es que el internet debe ser universal y por lo tanto su acceso, ya que el internet no es un derecho en sí mismo, por lo que se debe garantizar el bajo costo del acceso a internet, “debería ser un servicio subsidiado para las comunidades más pobres, rurales y más remotas”, por lo menos en centros comunitarios.

En tercer lugar, se debe tomar en cuenta la diversidad cultural, por lo que el internet debe funcionar en todos los idiomas y formas de escritura; el cuarto principio responde al enfoque democrático, es decir que no puede ser impuesto sino producto de un debate continuo y su gobernanza, producto del diálogo multisectorial.

Finalmente, el quinto principio señala que el internet debe ser neutral y estar al servicio de todo el mundo. Sin embargo, adicionalmente comentó que existe el principio de la no responsabilidad de intermediarios, porque el contenido de un mensaje debe ser de quien lo elabora y no de quien lo traslada.

Respecto al tema de diversidad y pluralismo, subrayó que se requiere una legislación profunda que combata monopolios, duopolios y oligopolios; que mantenga diversidad de medios: comerciales, sociales, étnicos o públicos; que no permita propiedad cruzada: medios escritos no deben estar en telecomunicaciones y a la inversa, y que facilite el acceso de más actores.

El proceso de digitalización, es la gran oportunidad histórica para dar espacios para otros actores, con lo que se mejorará el sistema, contenidos y se dará una pluralidad de medios a la población, finalizó.