Ciudad de México.- Con el fin de fortalecer la regulación de las Empresas Certificadas y evitar que incurran en actos de corrupción, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), Geovanna Bañuelos de la Torre, propone modificar los artículos 100-A y 110-C de la Ley Aduanera para la obtención de la certificación.

“El combate a la corrupción, es una de las principales premisas y ejes rectores de la Cuarta Transformación y de los postulados del PT. El cambio en el país debe partir con la profunda erradicación de este lastre para lo cual, se requiere del diseño de nuevas políticas, nuevas leyes y nueva cultura cívica”, mencionó la senadora.

Al fundamentar la Iniciativa, aclaró que las Empresas Certificadas son empresas constituidas legalmente ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), que tienen derecho a facilidades administrativas para el despacho aduanero de las mercancías y la rectificación de los pedimentos, así como para regularizar mercancías mediante la importación definitiva.

“Estas empresas ayudan en la agilización de los trámites aduaneros, facilitan el comercio exterior y contribuyen a que las importaciones y exportaciones se incrementen redituando en mayores divisas para nuestro país”, mencionó.

Sin embargo, apuntó que dada la naturaleza de sus operaciones y de las grandes cantidades de recursos económicos que ingresan y salen del país a través de las aduanas, son un flanco fácil para incurrir en actos de corrupción.

Por ello, Bañuelos de la Torre propuso blindar los requisitos para que el SAT autorice su inscripción en el registro de empresas certificadas.

El documento presentado a la Comisión Permanente, plantea que para la obtención del registro, ninguno de sus integrantes debe contar con antecedentes penales ni tener antecedentes administrativos por irregularidades graves en la importación o exportación de mercancías.

Asimismo, se establece que el SAT puede cancelar en cualquier momento la autorización de inscripción en el registro de empresas certificadas por incurrir en alguna de las causales que establece la Ley Aduanera.

En ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción, cuando a la empresa se le hubiera cancelado su autorización para estar inscrita en el registro de empresas certificadas dentro de los diez años anteriores.

Además, cuando la cancelación del registro sea a causa de la comisión de algún delito o por irregularidades graves que atenten contra el patrimonio y seguridad del Estado, en ningún caso procederá la renovación de la inscripción o la autorización de una nueva inscripción.

La legisladora por el estado de Zacatecas destacó que, por desgracia, las aduanas son entrada y salida de armas, drogas y una gran variedad de productos ilegales como cigarros y alcohol, sin los estándares adecuados y productos con etiquetado falso.

“Y en el caso de las Empresas Certificadas, muchas de ellas en los últimos años han sido utilizadas para cometer diversos tipos de delitos”, enfatizó.

De acuerdo con información de la Administración General de Aduanas, más de tres mil empresas certificadas o empresas aduaneras, son investigadas por irregularidades en el tráfico de mercancías.

Por ello, Bañuelos de la Torre enfatizó que es necesario modificar y blindar el marco regulatorio de estas empresas.

“Por una Administración General de Aduanas que cuente con las herramientas legislativas para realizar sus funciones de combate a la corrupción, proponemos esta Iniciativa que someto a su consideración y que considero de vital importancia en el actual contexto que vive el país”, concluyó.

La Iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y posterior dictaminación.

Puedes consultar el documento en el siguiente link: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/109618