* México, entre los países con más asesinatos de defensores del medio ambiente
* Hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor en la defensa ambiental.
Ciudad de México.- La senadora Maki Ortiz Domínguez presentó una Iniciativa que propone reformar el Código Penal Federal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para incluir la protección específica a defensores del medio ambiente y del territorio, así como establecer un nuevo tipo penal que sancione con hasta 50 años de prisión a quien prive de la vida a una persona por su labor ambiental.
La legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (GPPVEM) explicó que su propuesta incluye un nuevo Capítulo V Bis en el Código Penal Federal, que tipifica el delito de “homicidio en contra de defensores del medio ambiente”, con sanciones de 30 a 50 años de prisión, y agravantes cuando la víctima pertenezca a pueblos indígenas o comunidades afromexicanas, o cuando el agresor sea servidor público.
Según el informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México se encuentra entre las naciones con mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente, con 25 casos en 2024. Datos de Global Witness y Front Line Defenders, más de dos mil 253 defensores ambientales han sido asesinados o desaparecidos en América Latina desde 2012, siendo México el tercer país más peligroso para ejercer esta labor.
“La defensa de la tierra es también la defensa de la vida. Quienes alzan la voz por nuestros bosques, ríos y mares no sólo protegen al medio ambiente, sino el derecho humano a vivir en armonía con la naturaleza”, señaló la legisladora.
Señaló que su propuesta reconoce por primera vez a las personas defensoras del ambiente como beneficiarias directas del Mecanismo de Protección de la Secretaría de Gobernación, amplía su estructura institucional e incorpora a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la Junta de Gobierno del mecanismo, reforzando así la coordinación interinstitucional.
Asimismo, propone la creación de una Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis, especializada en riesgos ambientales y territoriales, y la obligación de establecer protocolos de reacción rápida y sistemas de alerta temprana en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
“No podemos permitir que quienes defienden la naturaleza sean silenciados por la violencia o la impunidad. México tiene el deber de proteger a quienes protegen la vida misma”, sostuvo Ortiz Domínguez.
