* El objetivo es apegarse al Principio 10 de la ONU y garantizar beneficios sociales y económicos para las poblaciones
Ciudad de México.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña y especialistas coincidieron en la necesidad de que se impulse un acuerdo vinculatorio entre el gobierno y comunidades de América Latina, para que se abra la información de megaproyectos, a fin de garantizar beneficios a favor de la población.
Durante el Conversatorio “Los Derechos Humanos Ambientales en México: Acuerdo Regional sobre el Principio 10, oportunidad para la gobernanza ambiental”, se refirió que este ordenamiento inició en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) en 2012 y el objetivo es asegurar que toda persona tenga acceso a la información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales.
De la Peña consideró que para la inversión en megaproyectos, además de que debe garantizarse la aplicación de la ley, es necesario establecer mecanismos que permitan dar claridad respecto si habrá un auténtico beneficio hacia la población, tanto en el aspecto social de generar satisfactores de servicios que no dañen la ecología de la región, así como en lo concerniente a la derrama económica.
El Poder Ejecutivo, apuntó, debe estar abierto al referido acuerdo vinculatorio “porque el gobierno es quien está entre la sociedad y quienes buscan invertir en megaproyectos”, a lo que se debe sumar que es necesario frenar el deterioro del medio ambiente, con las consecuencias de desastres naturales.
José Luis Samaniego, representante de la CEPAL, indicó que México es un ejemplo en la región de un marco jurídico para la protección del medio ambiente, pero aún hay espacio para avanzar, particularmente en el acceso a la justicia y la participación pública en la toma de decisiones respecto a la puesta en marcha de megaproyectos.
Miguel Ruiz Cabañas, embajador y subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, anunció que se emprenderá un programa de acciones para alcanzar los fines de la declaración, pues en México existe una legislación nacional que contempla en lo absoluto la implementación del Principio 10, así como un marco institucional para hacerlo operativo, en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
Los especialistas Jorge Legorreta Ordorica y Gloria Olimpia Castillo Blanco, coincidieron en que la apertura de la información permitirá, además de dar certeza a la protección de la ecología, garantizar que la derrama económica sea a favor tanto de las grandes empresas, pero también de las comunidades.
