* Además, el Poder Legislativo podrá llamar, a solicitud de la DDHPO, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante la soberanía y expliquen el motivo de su negativa
San Raymundo Jalpan, Oax.- La LXI Legislatura del Estado dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto, enviada por el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), Arturo de Jesús Peimbert Calvo, para obligar a las autoridades a quienes se dirige una recomendación que, en caso de no aceptarla, a fundar y motivar públicamente su negativa.
Además, el Congreso del Estado podrá llamar, a solicitud de la DDHPO, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante esa soberanía, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.
En sesión ordinaria, el pleno legislativo conoció el documento que resalta que “no se está dando el carácter obligatorio a las recomendaciones emitidas por ese organismo, en virtud de que la naturaleza de las mismas queda sin tocar”.
Para ello, el Ombusdman oaxaqueño plantea modificar la denominación del título primero, reformar los Artículos 1 y 114 del apartado “A”, fracciones II y IV, y derogar el párrafo segundo y tercero del Articulo 4 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
En su exposición de motivos, Peimbert Calvo considera que de ser aprobada la iniciativa se conferirá mayor fuerza a la DDHPO, y señala que la publicidad de la negativa a aceptar las recomendaciones permitirá que la sociedad conozca y esté pendiente de la aceptación o no de las mismas, así como del cumplimiento por parte de la autoridad a la que van dirigidas.
En caso de que la autoridad no acepte las recomendaciones, deberá sustentar también de manera pública los argumentos por los cuales considere que no debe acatarlas, y el fundamento en que se basa para tomar esa decisión, con lo que puede ejercerse un control más eficaz de las mismas, indica.
Apunta que, de ser aprobada la iniciativa, un párrafo de la reforma al Artículo 1 quedaría de la siguiente manera: “todas las autoridades del Estado, en su respectiva esfera de atribuciones, tienen el deber de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos que reconoce la Constitución política federal, y las que se reserve el pueblo de Oaxaca, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, mediante el juicio para la protección de los derechos humanos”.
“La violación de los mismos implicará la sanción correspondiente y, en su caso, la reparación del daño, en términos de la ley”, subraya el documento que fue turnado para su análisis a las Comisiones de Derechos Humanos y de Administración de Justicia del Congreso local.
