Lo anterior con el objetivo de revertir la situación de México en el plano internacional, como el país con más denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con el registro de un alto grado de incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Con tal propósito, la legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa para expedir la Ley para la Implementación de Resoluciones y Recomendaciones Internacionales y de reforma a los artículos 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.
Al fundamentar su iniciativa, subrayó que la Ley General de Víctimas establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tiene dentro de sus funciones “asegurar la participación de las víctimas tanto en las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de sentencias internacionales en materia de derechos humanos dictadas en contra del Estado Mexicano, como en aquellas acciones que permitan garantizar el cumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales de derechos humanos no jurisdiccionales”.
Por ello, sostuvo, al establecer que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emita recomendaciones a la Segob, “garantizaremos que los mecanismos contenidos en este ordenamiento se despoliticen y se abra un espacio de diálogo y participación plena de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos reclamantes”.
Además, consideró, se cumplirán resoluciones del sistema interamericano de derechos humanos, como la obligación de investigar y castigar a los responsables de violación de garantías; localización de los restos de una víctima; capacitación de funcionarios y cuerpos de seguridad; difusión de la verdad; y de desagravio de las víctimas con presencia de altas autoridades del Estado, entre otras. La iniciativa se turnó a la Comisión de Gobernación.
