México, DF., 07-feb-2015.- Las y los mexicanos seguimos siendo testigos de cómo se violenta la Constitución en materia de pensiones, percepciones, bonos, salarios, sobresueldos y privilegios de la llamada “alta burocracia”, sostuvo la senadora Angélica de la Peña Gómez.

Dichos privilegios, señaló la legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), “contrastan con los ingresos, carencias y necesidades de la mayoría de la población; México se caracteriza por ser uno de los países donde más latente es la desigualdad social”.

Por ello, presentó una iniciativa para emitir la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos, la cual replantea una política salarial del gobierno que evitaría la discrecionalidad existente en la política de sueldos de la llamada “alta burocracia”.

Al justificar su propuesta, de la Peña Gómez recordó que el PRD ha sostenido que “un modo de dignificar la función pública es el otorgamiento de sueldos adecuados y transparentes, evitando las prebendas, canonjías y privilegios de los funcionarios de altos niveles”.

Por ello, su propuesta de ley contiene las disposiciones generales para regular las remuneraciones que perciben todos los servidores públicos federales, incluidos quienes laboran en los tres poderes, sus órganos, dependencias y entidades, así como en los organismos autónomos.

Se regulan también los beneficios que se concedan como forma de liquidación por la prestación de servicios, sujetándolos a la normatividad legal o contractual aplicable, prohibiendo cualquier acuerdo que las contravenga, además de que quienes detenten un puesto de elección popular no tienen derecho a liquidación o compensación alguna por el término de su mandato, agregó.

De la Peña Gómez comentó que además se fijan reglas, procedimientos y competencias para la denuncia y el seguimiento oficioso de las investigaciones relacionadas con los ilícitos que derivan de las conductas contrarias a esta Ley.

Y destacó que establece un nuevo tipo delictivo, el de remuneración ilícita, independiente a los preexistentes en la legislación penal, porque la conducta que se tipifica está referida directamente a la infracción de normas especiales establecidas en el propio ordenamiento y circunscritas al estricto ámbito de aplicación del mismo.

“Estamos convencidos que deben eliminarse privilegios como son los seguros de gastos médicos para los funcionarios que son pagados con recursos de las y los contribuyentes; dejar de pagar pensiones a ex presidentes; racionalizar y hacer eficientes las compras de bienes y servicios”, añadió.

La iniciativa se turnó a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictaminación.