México, DF., 25-oct-2014.- El senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo, propuso nuevas sanciones a fin de que los partidos políticos asuman mayor responsabilidad en la selección de candidatos y se establezcan rigurosos procedimientos para garantizar la honestidad de los aspirantes a cargos públicos.

La sanción consiste en que los partidos políticos que postulen a un representante popular que haya sido sentenciado penalmente durante su encargo o gestión no podrán postular a un nuevo candidato para competir por el mismo puesto en el siguiente proceso electoral.

Asimismo, propuso establecer protocolos de control de confianza como prerrequisito para el registro de candidatos previos a los procesos electorales, ya que, sostuvo, la función pública debe desempeñarse con toda responsabilidad, probidad, compromiso y lealtad a los representados.

Ante el ambiente de violencia e indignación generalizada que vive el país, Zoé Robledo consideró importante dar muestra clara de la voluntad política para que se cierre esa brecha que existe entre los ciudadanos y las instituciones.

Por ello, el senador chiapaneco también planteó la creación de una Comisión de la Verdad integrada por ciudadanos con autoridad moral y experiencia en materia de derechos humanos y que sume a la experiencia internacional de expertos reconocidos por su trayectoria y resultados en casos similares.

“Darle a los ciudadanos las herramientas y las facultades para poder coadyuvar con el gobierno para que desde una instancia independiente e imparcial contribuyan a encontrar la verdad, y con ella reconciliarnos, y con ella reconstruir el tejido social en nuestro país, y recobrar la confianza en las instituciones democráticas, y fortalecer, por supuesto el estado de derecho”, agregó.

Al presentar una iniciativa para modificar diversos artículos de la Constitución, Zoé Robledo recordó las expresiones de indignación de la sociedad ante los hechos de Iguala, Guerrero, los cuales “han revelado en toda su magnitud, la facilidad para que el crimen organizado se infiltre y hasta se confunda con las instancias de gobierno”.

“La realidad en México ya es diferente, no reconocerlo o esperar que sólo pase la tormenta es un grave error. Todas las instituciones del Estado tenemos que asumir nuestra responsabilidad por una sencilla razón: en Ayotzinapa el responsable es el Estado, por acción o por omisión, por ineficiencia o negligencia, pero es el Estado”, concluyó.