* Señalaron que el Acuerdo Presidencial 2763-BIS es irregular y extralegal
* Se erogan cerca de 200 millones de pesos mensuales para realizar estos pagos
Ciudad de México.- La naturaleza del Acuerdo Presidencial 2763-BIS que otorga pensiones a los ex presidentes de la República, es irregular y extralegal, señaló Verónica Delgadillo, senadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).
Refirió que no basta con prometer que ya no se firmará el acuerdo para cancelar este privilegio a quienes han sido titulares del Poder Ejecutivo desde hace casi 30 años, sino que se debe establecer en la Ley.
A nombre de sus compañeros de bancada, presentó una iniciativa para adicionar un segundo párrafo al artículo 83 de la Constitución, y establecer que los ex presidentes sólo gozarán de las prestaciones en materia de seguridad y servicios sociales establecidos en la Constitución y en la ley en la materia.
La senadora de MC detalló que el acuerdo, expedido en marzo de 1987, otorga una pensión equivalente al salario de un secretario de Estado, así como las prestaciones en materia de seguridad social y beneficios de carácter económico, social y administrativo.
A los ex presidentes se les otorgan 205 mil pesos al mes, se les paga el seguro de vida, el seguro de gastos médicos, el teléfono, la gasolina, transporte y asesores; “en este país, los ex presidentes nos cuestan cerca de 200 millones de pesos al mes”, indicó.
Para que un acuerdo presidencial tenga validez, tiene que ser firmado por el presidente en turno, por un secretario de Estado y ser publicado en el Diario Oficial de la Federación; y este acuerdo no cumplió con dichos criterios, dijo.
Comentó al Pleno que la expedición del acuerdo presidencial no puede estar por encima de lo que establece el artículo 123, Apartado B, fracción XI de la Constitución, en materia de seguridad social para los trabajadores.
Y tampoco sobre la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que señala los lineamientos en materia de seguridad social para todos los servidores públicos, incluidos los de la Presidencia de la República, explicó.
La iniciativa del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano fue turnada a las comisiones unidas de Puntos constitucionales, de Salud y Seguridad Social y de Estudios Legislativos para su análisis.
