México D.F., 23 de junio de 2011 (Cencos).- La justicia y la verdad para las víctimas, y el cambio a la actual estrategia de seguridad fueron los principales temas abordados en el encuentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con el jefe del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en el Alcázar del Castillo de Chapultepec. La primera exigencia con una percepción menos negativa por parte del presidente que ante la de replantear su “lucha contra la delincuencia organizada”.
Para Javier Sicilia, impulsor del movimiento, la postura de justificación y defensa exculpatoria que presentó el Presidente de la República, fue de obstinación y negativa respecto a la exigencia de revisar su política de seguridad. Al contestar la primer intervención del poeta en la que apuntó que “usted es el responsable de 40 mil muertos”, Calderón calificó de erróneo el análisis y los resultados del Movimiento al responsabilizar a su gobierno y dijo que los delincuentes son los responsables, postura que ha sostenido durante el sexenio.
Sobre las consecuencias de esa estrategia, el Ejecutivo federal -acompañado de la procuradora General de la República y los secretarios de Gobernación, Seguridad Pública, Educación Pública y su esposa- escuchó a cinco familiares de víctimas de la violencia, asesinados y asesinadas y desaparecidos y desaparecidas forzadas y se comprometió a dar seguimiento a un total de 28 casos que presentó el Movimiento y que son de jurisdicción federal.
La revisión de estos casos se debió a los señalamientos directos y a la insistencia de varios familiares de víctimas como Araceli Rodríguez Nava y Omar Esparza, entre otros, que ya habían sostenido con anterioridad reuniones donde la procuradora Marisela Morales, o el secretario de seguridad, Genaro García Luna, se habían comprometido a actuar sin que significara esto alguna diferencia hasta el momento.
Se acordó una reunión más dentro de tres meses para que la administración de Calderón entregue resultados y hubo otras exigencias de parte del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que no hicieron eco o no derivaron en propuestas concretas como la petición de crear una Ley de víctimas, un fideicomiso para honrar la memoría de asesinados y desaparecidos, o un órgano autónomo ciudadano que evalúe la política de seguridad, a lo cual respondió que ya había una figura similar al interior de la SSP.
Los integrantes del movimiento presentaron en cinco exposiciones, según el formato acordado, en las que se buscó ofrecer distintas caras de las consecuencias de la guerra que se vive en el país. Inició Julián Le Barón, quién lucha para hacer justicia a su hermano y su cuñado originarios de Galeana, Chihuahua, y leyó un mensaje donde invita a Calderón a ser empático con la situación en su calidad de ser humano, “le invito -dijo- a que no sea recordado como el presidente de los 40 mil muertos […] se lo pido fervientemente en nombre y memoria de los que han sufrido tanto”.
También habló Araceli Herrera Nava, madre de Luis Ángel León Rodríguez, a nombre de policías y militares que han sido víctimas. Su hijo, policía federal de 24 años, es víctima de desaparición forzada, delito de lesa humanidad, junto con 6 policías más. Ella dijo a nombre de familiares de estos y otros muchos caso que “no pretendemos como familiares de policías militares, cuestionar la lucha contra la delincuencia, pero señor Presidente, los muertos, el luto, la desesperación de las familias por no encontrar a los nuestros, la sufrimos día a día. ¿Por qué empeñarse en una estrategia cuyos saldos son tan negativos?”.
“En todas las desapariciones encontramos una constante: grupos criminales, cuerpos de seguridad, gobiernos municipales, estatales y el federal coludidos. Procuradurías ministeriales que se niegan a investigar o que lo hacen lentamente”, se escuchó en voz de Maria Elena Herrera Magdaleno, mujer mayor de Pajacuarán, Michoacán, que ha perdido a cuatro de sus hijos fortuitamente (dos en un secuestro hace tres años en Guerrero y dos hace un año en un retén militar en Veracruz) que se acercó al 4 de junio pasado al acto de la Caravana del consuelo en Morelia con la esperanza de ser escuchada y ahora reclama a la máxima autoridad del Estado.
Norma Ledesma Ortega, activista y madre de Paloma Escobar Ledesma, desaparecida y asesinada en 2002, lamentó que “en más de 9 años en este camino tan doloroso y tan desgastante he ayudado a entregar restos de mujeres tiradas en el desierto a sus madres, pero nunca imagine que entregaría una madre a sus hijos” refiriéndose a Marisela Escobedo, asesinada el 16 de diciembre pasado cuando protestaba por el feminicidio de su hija Rubí Marisol Frayre.
Además, ante la respuesta del jefe del Ejecutivo que insistió en que el Estado no era culpable de ese crimen sino que se trataba de un asesino confeso liberado por el poder judicial de Chihuahua, Norma le aclaró que conocía bien el caso y había elementos federales protegiendo al responsable.
El quinto expositor fue Salvador Campanur Sánchez, quién en representación de los pueblos indígenas de México y de su comunidad Cherán en Michoacán, habló de una violencia institucional que inicia al invisibilizar a los pueblos impidiendo incluso que sean sujetos de derechos en la Constitución y permitiendo que compañías trasnacionales destruyan su cultura y territorios para explotar recursos naturales, como en el caso de las 22 concesiones otorgadas a la minera First Majestic en Real de Catorce, lugar sagrado del pueblo Wixárrika (Huicholes) en San Luis Potosí.
Salvador recordó que no es la primera vez que el gobierno de Felipe Calderón y otros antes se comprometen y no cumplen como en el Pacto firmado en 2008 entre gobernadores y el presidente con el cual se obligaban a respetar el territorio sagrado de los Wixárrikas, o los acuerdos de San Andrés.
El Movimiento anunció que ésta no será la única reunión con algún representante del Estado por lo que se espera que pueda haber en próximas fechas un encuentro con legisladores. Además, en paralelo al encuentro, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad continúa articulándose para emprender acciones de resistencia civil para exigir el alto a los asesinatos, desapariciones y demás violaciones que en extenso ha traído esta guerra. Una de ellas es la caravana de apoyo y víveres al pueblo de Cherán, Michoacán del próximo domingo 26 de junio.
