* Presenta magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF Informe de labores 2024-2025

Guadalajara, Jalisco.- Gilberto Bátiz García, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), afirmó que en la nueva etapa que vive el Poder Judicial la racionalidad del gasto no es una consigna política, sino un mandato democrático, pues la ciudadanía exige instituciones que funcionen, que resuelvan a tiempo, que sean transparentes y que hagan más con menos.

“Nuestra legitimidad se construye desde las sentencias sólidas, los criterios consistentes, la independencia, pero sobre todo desde la sobriedad institucional”, detalló durante su mensaje en la sesión solemne donde la magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara (SRG) del TEPJF, Rebeca Barrera Amador, presentó el Informe de labores 2024-2025 de esa instancia jurisdiccional, ante Irina Graciela Cervantes Bravo y Sergio Arturo Guerrero Olvera, magistrados de la SRG.

Subrayó que la responsabilidad central de las magistraturas que integran el TEPJF, tanto de sus salas regionales como de la Sala Superior es impartir justicia, por lo que reiteró que el compromiso institucional es responder con eficiencia y responsabilidad a las exigencias democráticas del país.

Explicó que hacer más con menos no significa debilitar la justicia; por el contrario, la racionalidad del gasto público judicial significa optimizar procesos, ordenar cargas de trabajo y demostrar que la calidad no implica gastos superfluos o innecesarios.

Bátiz García destacó que las cifras y resultados presentados confirman que el sistema electoral funciona y lo hace con compromiso y responsabilidad en el ejercicio del cargo. Señaló que este desempeño debe decirse con claridad y defenderse como parte del proceso de consolidación institucional que vive el Tribunal Electoral.

Al rendir el informe de labores de la SRG, que comprende los estados de la primera circunscripción plurinominal -Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora-, Barrera amador aseguró que, pese a la complejidad que supone la próxima elección de 2027, este órgano jurisdiccional no observa el escenario con incertidumbre, sino lo enfrenta con planeación, porque tiene identificados los picos de carga jurisdiccional, ha mapeado los estados con mayor riesgo de judicialización y previsto la concurrencia de procesos que impactarán en su jurisdicción.

Barrera amador informó que, del 1 de noviembre de 2024 al 31 de octubre de 2025, la SRG recibió un total de 887 asuntos jurisdiccionales, de los cuales 621 correspondieron a juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

Del total de los medios de impugnación resueltos, 84 fueron recurridos ante la Sala Superior, y el 100 por ciento de las sentencias de la SRG fueron confirmadas. El pleno celebró 166 sesiones y resolvió los asuntos en un tiempo promedio de 11 días.

Asimismo, del total de los asuntos que conoció esta sala regional, más del 95 por ciento de las decisiones fueron adoptadas por unanimidad, resultado de una deliberación colegiada, plural, libre y respetuosa.