Durante el curso de la investigación penal, el juez visitó la escena del crimen y concluyó que la evidencia presentada por un testigo ocular que ubicó a Raúl Hernández Abundió en el lugar al momento del homicidio no era confiable.
La única evidencia en el caso es la presentada por este testigo ocular, por lo tanto, en las próximas semanas, la oficina del Procurador General del Estado en Guerrero deberá dar a conocer sus conclusiones sobre este caso.
Raúl Hernández Abundió es defensor de los derechos humanos y miembro de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Desde el año 2002, la OPIM trabaja en la defensa de los derechos de los indígenas de las comunidades de Ayutla de los Libres y Acatepec, Costa Montaña, Guerrero. Como consecuencia de su tarea, la OPIM ha sido objeto de numerosas amenazas a lo largo de los años.
El 18 de abril de 2008, Raúl Hernández Abundió fue arrestado junto con otros cuatro colegas en Ayutla, estado de Guerrero, por el homicidio de Alejandro Feliciano García (ocurrido el 1 de enero de 2008), un hombre que tendría relación con el ejército y la policía.
Pese a que sus cuatro colegas recuperaron la libertad el 19 de marzo de 2009, Hernández Abundió quedó detenido. Desde el momento del arresto, se han comentado continuamente las inconsistencias e irregularidades en el caso, entre ellas la evidencia insuficiente y las contradicciones de los testimonios de los testigos contra el defensor de los derechos humanos.
Front Line considera que la detención de Hernández Abundió tiene motivaciones políticas y que está directamente relacionada con sus actividades legítimas en defensa de los derechos humanos, más específicamente por su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas en México.
Front Line manifiesta su continua preocupación por la integridad física y psicológica del defensor y llama por su libertad inmediata y sin condicionamientos.
