* Posición del Gobierno sobre el Informe de la Organización No Gubernamental WOLA

Ciudad de México.- Con relación al informe “Justicia Olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México”, publicado por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el gobierno de México reafirma su rechazo a toda violación a los derechos humanos, así como su compromiso de garantizar su protección en todo el territorio.

Asimismo, reitera su compromiso permanente para investigar diligentemente, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), los hechos de su competencia presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en contra de civiles, en los términos establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable, particularmente aquellos que podrían constituir violaciones a derechos humanos y así, cerrar cualquier espacio de impunidad, con absoluta transparencia y conforme a los principios que sustentan un sistema democrático de derecho.

El Gobierno de la República continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas, para asegurar que se apliquen las sanciones correspondientes en casos de violación a los derechos humanos.

México valora muy especialmente las labores de las Fuerzas Armadas de México en labores de asistencia humanitaria, así como acciones en apoyo a las autoridades civiles en materia de seguridad pública, especialmente en el combate al crimen organizado en el país.

Las Fuerzas Armadas de México cuentan con la confianza, el respeto y el aprecio de las y los mexicanos, como instituciones permanentes del Estado Mexicano. Todas las encuestas revelan el apoyo de la sociedad a las acciones que las Fuerzas Armadas despliegan para mantener la seguridad interior del país, en beneficio de la población civil. Dichas acciones tienen fundamento en la Constitución y en las tesis relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En cumplimiento de su compromiso con los derechos humanos, y en atención al derecho internacional de los derechos humanos y a lo expresado por distintos organismos y mecanismos internacionales, el Estado Mexicano ha fortalecido el marco jurídico que rige la jurisdicción militar para asegurar que los casos de violación a los derechos humanos cometidos por personal militar en contra de la población civil, sean juzgados por tribunales civiles.

En tal sentido, el Código de Justicia Militar fue reformado en 2014, con la finalidad de armonizar la legislación nacional con los estándares internacionales en la materia, en línea con la reforma constitucional de derechos humanos de 2011.

Durante la presente administración, las Fuerzas Armadas de México han ampliado su programa de capacitación en materia de derechos humanos, para reforzar la cultura de respeto y su promoción. Lo anterior ha dado como resultado una visible reducción de las quejas interpuestas contra personal militar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las recomendaciones emitidas por la CNDH a las secretarías de la Defensa Nacional (SEDENA) y de Marina (SEMAR).

Por su parte, la PGR ha encaminado los esfuerzos necesarios para materializar cambios estructurales e institucionales para abatir la impunidad y perseguir las violaciones a derechos humanos, a través de la creación de unidades especializadas que incorporan esta perspectiva en sus investigaciones.

Además, de la suma de los esfuerzos a través de la sociedad civil, los expertos académicos y los interesados a partir de la publicación de los resultados de la Consulta Nacional de Procuración de Justicia, en el reciente Informe Ejecutivo 2017.

En esta Consulta y en el Autodiagnóstico presentado en febrero de 2017 por la PGR, se hacen señalamientos específicos con lo que este Informe reporta y ya se han iniciado trabajos al respecto, específicamente en los puntos 1, 2, 4 y 5 de la sección de Recomendaciones de WOLA.

El gobierno de México valora la labor de WOLA y las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, considera relevante puntualizar lo siguiente:

1.- Instituciones académicas reconocidas a nivel nacional e internacional, organizaciones de la sociedad civil, así como organismos internacionales han tenido un papel esencial en la consolidación del nuevo sistema de justicia penal, la construcción de la Fiscalía General de República, así como en los procesos legislativos y de diseño de las leyes generales en materia de combate a la tortura y a la desaparición de personas.

2.- La participación de las Fuerzas Armadas de México en atención al crimen organizado forma parte de las tareas de acompañamiento temporal a las autoridades locales, y responde a los enormes retos que plantea el tráfico internacional de armas y drogas, que afecta de manera particular a nuestro país.

3.- México invita a que los análisis en la materia consideren dicho contexto, para reflejar una perspectiva más certera de los desafíos que acarrea el tráfico indiscriminado de armas desde los Estados Unidos de América hacia el territorio mexicano, los flujos de capital a organizaciones criminales, así como los efectos del trasiego de drogas a través de México, con destino a ese país.

4.- Estudios en ese sentido serían una enorme contribución a la imperiosa necesidad de establecer mayores controles a la venta de armas y drogas en el vecino del norte.

Con apego a las disposiciones en la materia y en el marco de los tratados de derechos humanos de los que México es parte, el Gobierno de la República continuará impulsando investigaciones imparciales y objetivas para toda presunta violación a los derechos humanos, que aseguren una procuración y acceso a la justicia efectivos, así como la sanción a los responsables.