Nueva York, EU., 28-oct-2014.- Con el fin de analizar las consecuencias jurídicas del acceso a información extraterritorial por parte de los Estados, se realiza aquí los días 27 y 28 de octubre, la 25 edición de la Reunión Informal de Consultores Jurídicos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que el encuentro es organizado por la Consultoría Jurídica de la cancillería mexicana, en coordinación con la Misión Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En 1989, los consultores jurídicos de los ministerios de Relaciones Exteriores de Canadá, India, Polonia, Suecia y México tuvieron la iniciativa de invitar a sus homólogos de todos los demás Estados Parte de las Naciones Unidas a sostener discusiones informales sobre los temas jurídicos más relevantes de la esfera internacional, en el marco de la Semana de Derecho Internacional de la ONU.
Esta iniciativa se ha reproducido en los últimos 24 años, dado que otorga una oportunidad a los consultores jurídicos de escuchar a expertos y compartir sus puntos de vista sobre temas específicos de derecho internacional, sin comprometer la posición jurídica de los Estados que representan.
También, se discuten temas relacionados con la evolución de la Reunión de Consultores Jurídicos en los últimos 25 años; la admisión de la figura amicus curiae (amigos de la corte) en procesos litigiosos internacionales; la metodología jurídica para la delimitación de plataformas continentales más allá de las 200 millas náuticas; y la relación entre los derechos humanos y las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
Los panelistas participantes en este foro gozan de prestigio internacional y provienen de distintas regiones del mundo. Entre ellos, destaca la asistencia de los abogados mexicanos Ricardo Ramírez Hernández y Alejandro Rodiles, así como el geógrafo mexicano Galo Carrera.
Esta reunión permitirá analizar asuntos del quehacer jurídico global, enriquecer las relaciones legales de las naciones y reforzar el compromiso de México con el derecho internacional, como un actor con responsabilidad global.