Oaxaca – A partir de este viernes los indígenas integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), volvieron a acampar en el portal del Palacio de Gobierno, luego que se retiraron del lugar el pasado 15 de septiembre por la madrugada, luego de dialogar con representantes de la Secretaría General del Gobierno de Gabino Cué.

Los indígenas desplazados que instauraron el municipio autónomo de San Juan Copala, a finales del año 2006, expulsados por grupos armados de su poblado, en septiembre del año 2010, determinaron retomar su plantón frente a la sede del Palacio de Gobierno.

Argumentan que el gobierno del cambio no asume las medidas cautelares y recomendaciones, dictadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH). Incluso, María de los Ángeles Abad, vocero del gobernador, fue candidata a la gubernatura por él PUP, en los comicios pasados del mes de julio, organización a la que señalan de ser autores de varios de los crímenes de sus compañeros.

Los indígenas demandan que la Procuraduría de Justicia de Oaxaca ejecute órdenes de aprehensión libradas contra unos 10 implicados en los asesinatos de unos 27 activistas del (Multi).

Asimismo Reyna Martínez, vocera del municipio autónomo, expresó que en tanto no haya justicia y castigo a los responsables de los crímenes de sus familiares, no desistirán de sus protestas ni regresarán a su comunidad de origen.

“Nosotros le habíamos dado un plazo de 10 días a las autoridades para que atendieran nuestros reclamos y solo han existido promesas, engaños y justificaciones relacionadas a que no pueden ingresar al territorio triqui porque hay gente armada.

“Si tuvieran la voluntad buscaría la forma de ingresar a la zona, para detener a los criminales, que ahora se escudan bajo las siglas del organizaciones rivales de nuestro movimiento como lo son la gente del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui – Partido Unidad Popular (PUP).
Reconoció que hubo una mesa de atención donde acudieron representantes de la misma CIDH y de la Comisión de Derechos Humanos, y donde quedó evidenciada la omisión oficial a las medidas cautelares.

Indicó que única condición que se ha solicitado para lograr el regreso de los 54 desplazados está relacionada con las condiciones de seguridad de las víctimas.

“Si no hacen la justicia no podemos regresar, porque los asesinos de nuestros familiares andan sueltos. El gobierno de Gabino Cué insiste en enviarnos de regreso pero nos quiere mandar a la boca de lobo”.

Martínez argumenta que se trabajó de lado de la justicia estatal para dar nombres y pistas de los responsables de los crímenes, pero no han logrado captúralos “y nosotros tenemos miedo, porque los homicidas saben que los hemos delatado”.

Entre los implicado con orden de aprensión denunció a Antonio Cruz García, Julio César Ortiz Morales y Daniel Martínez López, y siete más, quienes incluso han ordenado expropiar las viviendas de las desplazados.

Reyna Martínez, indicó que el regreso al plantón, es sólo una muestra de protesta, porque “el gobierno nos quiere tener escondidos, brindándonos hospedaje en un hotel, para decir que todo está solucionado”.

En tanto el gobierno estatal, informó que se mantienen las pláticas y continúa el seguimiento a los planteamientos formulados por los beneficiarios de medidas cautelares de la zona de San Juan Copala.

En este análisis participan, además de los representantes del grupo de beneficiarios con las medidas cautelares, otras instancias tanto internacionales, federales y estatales ocupados en el tema quienes dan seguimiento a los acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo.

Se informa que también existen programadas reuniones sobre temas específicos, con fechas establecidas para desahogarse en la primera quincena de octubre, con el compromiso por las partes, incluidos los propios beneficiarios de las medidas cautelares, de recabar información adicional sobre puntos concretos.

En relación con la expresión que hace un grupo de inconformes en el zócalo de la ciudad, se aclara que esto no se debe a un rompimiento del diálogo o reinicio del plantón, sino a un derecho constitucional de manifestarse libremente, como lo puede hacer cualquier ciudadano.