* Confirmó los resultados de la investigación periodística Pandora Papers y la violación por el presidente de la República del “Pacto Ético” de 2017
Quito, Ecuador.- La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador concluyó sobre la veracidad de la investigación periodística Pandora Papers, que efectivamente el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, mantiene control sobre bienes ubicados en paraísos fiscales, lo que constituye una violación a las leyes ecuatorianas y una crisis de gobernabilidad, por lo cual recomendó su destitución.
La mayoría de la Comisión multipartidista compuesta por las fuerzas políticas Pachakutik, UNES y Acuerdo Nacional verificó que existe una violación del presidente de la República al “Pacto Ético”, aprobado mediante Consulta Popular en 2017, y de su Ley Orgánica que determinan que les está prohibido tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales a quienes pretendan desempeñar una dignidad de elección popular o ser servidores públicos.
El informe presentado hoy señaló que hay una vinculación entre Lasso Mendoza con empresas off shore, lo que configura “el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el Artículo 130.2 de la Constitución de la República del Ecuador, por grave conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales que facilitan estructuras que afectan a los intereses económicos y tributarios del Estado y, en consecuencia, a las y los más vulnerables ecuatorianos”.
La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional del Ecuador recomendó al pleno de la Asamblea la destitución de Lasso Mendoza amparados en la Constitución que en su Artículo 130.2, reza: “La Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en caso de grave crisis política y conmoción interna”.
Así también, ante la negativa de Lasso Mendoza de acudir a rendir cuentas en la Comisión durante el proceso de investigación, se recomendó que el pleno de la Asamblea Nacional ordene al presidente de la República que, en el plazo máximo de ocho días, comparezca al legislativo para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas de los asambleístas
También aconsejó que se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada por las instituciones del Estado, relacionadas a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso vinculadas al mandatario.
La Comisión multipartidista recibió durante los últimos días información documentada que involucra a Lasso Mendoza en posibles delitos de perjurio, testaferrismo y evasión tributaria y para confirmarla, funcionarios públicos e instituciones del Estado fueron convocados a comparecer en medio de la investigación, no obstante, muchos se negaron a acudir, y otros a pesar de hacerlo, evitaron responder las preguntas planteadas, en un intento claro por entorpecer la investigación.
Debido a ello, la Comisión encomendó que se inicie un proceso de enjuiciamiento político a las autoridades y funcionarios públicos que no asistieron y/o no facilitaron la información requerida por la Comisión, como son: Fiscalía General del Estado; Contraloría General del Estado; Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Bancos.
Pese a lo anterior, investigaciones directas de miembros del Parlamento dentro y fuera del país demostraron que el presidente de la República, el mayor accionista del Banco de Guayaquil, mantiene vínculos con empresas off shore, y fideicomisos en paraísos fiscales, violando así las leyes ecuatorianas.
