Enrique Peña Nieto tuvo un día equivalente a un 18 de marzo. Si se concreta una reforma en el Congreso que modifica la Constitución sobre las telecomunicaciones, el Estado modificará radicalmente su histórico trato benefactor con los concesionarios privados de la radio y la televisión, cortará de tajo los monopolios mediáticos y estará facultado para sentar las bases de la democratización de los medios de comunicación en el país.

En otros tiempos de gobiernos del PRI era impensable cuestionar y menos atacar el enorme poder político y económico acumulado por los concesionarios de la radio y televisión privada.

El presidente Peña Nieto firmó junto con los dirigentes y coordinadores parlamentarios del PRD, PRI, PAN y PVEM, quienes forman el Pacto por México, una iniciativa de reformas en materia de telecomunicaciones que recuperará para al Estado su rectoría sobre los espacios radioeléctricos del país que explotan un puñado de 14 familias, entre las que se encuentran las de Slim, Azcárraga y Salinas Pliego.

De las mil 362 concesiones de radio, concesionadas o permisionadas, el 76 por ciento están en manos de 13 familias y de las 562 concesiones de estaciones de televisión, el 84 por ciento están en manos de cuatro familias: Azcárraga Jean, Azcárraga Madero Salinas Pliego y Vargas Gómez. La familia Slim controla, por su parte, el 70 por ciento del mercado de la telefonía fija.

El espacio radioeléctrico nacional en conjunto es controlado por 14 familias.

De concretarse en el Congreso, a partir de esta reforma se acabará la época de las concesiones otorgadas bajo secrecía, de hacer favores políticos y económicos; ahora las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública “a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio a los servicios al usuario final”.

El presidente Peña Nieto destacó que las telecomunicaciones favorecen la libertad de expresión y la educación y la cultura. “En la era del conocimiento y la información, no tener acceso a ellas es una nueva forma de analfabetismo y de exclusión social”, agregó.

De ahí la importancia, sostuvo, de que “el Estado establezca y haga valer su rectoría en este sector estratégico. El desarrollo del país exige que las telecomunicaciones cuenten con una política pública eficaz, acorde con la convergencia tecnológica”.

Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, fue quien anunció que con la reforma se licitarán dos canales de televisión abierta.

Solamente a través de un twitter, el propietario de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, dio la bienvenida a la competencia y posteriormente la televisora difundió un comunicado de cinco puntos donde declara que la competencia es el mejor motor para el crecimiento y desarrollo económico.

Los dirigentes y coordinadores de los legisladores del PRD, entre ellos Jesús Zambrano y Pablo Gómez fueron quienes, desbordados de júbilo, celebraron una iniciativa que se elaboró en poco más de tres meses y fue revisada la madrugada del lunes 10 de marzo hasta el último detalle. La reforma tenía principalmente dos destinatarios: Azcárraga y Slim.

Los más cautos fueron el diputado Manlio Fabio Beltrones, y el presidente del PRI, César Camacho, quienes insistían en que la iniciativa “no buscaba perjudicar a nadie”, pero en ese estrecho recinto del vestíbulo del Museo de la Comisión Federal de Electricidad el rumor esparcido ocupó todo el espacio con los nombres de dos destinatarios los señores Emilio Azcárraga Jean y Carlos Slim.

Por su parte, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) tras llamar a los partidos en el Congreso a aprobar a la brevedad las reformas que permitan crear un sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión más competitivo, plural y diverso, destacó que la iniciativa propone adicionar el artículo sexto constitucional en el sentido de que “el Estado garantizará el derecho de acceso a la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.”

Para la AMEDI se trata de una iniciativa de gran calado que combate la concentración, crea un Instituto Federal de Telecomunicaciones con autonomía constitucional, garantiza el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, obliga a formular políticas públicas para la inclusión digital universal, instruye a crear nuevas cadenas de televisión nacional y condiciona la convergencia de servicios a un entorno competitivo.

La firma de la iniciativa que reforma la Constitución en materia de telecomunicaciones y competencia económica se realizó frente a un grupo de funcionarios de primer y segundo nivel y un gran número de periodistas de medios del país y del extranjero, en un espacio insuficiente para darles cabida.

Hasta los representantes del PVEM, Arturo Vega Escobar y José Emilio González, dirigentes del partido que cobija en sus fracciones parlamentarias a los llamados legisladores de la “telebancada” saludaron y apoyaron la iniciativa que supone pondrá fin a los monopolios de la comunicación en los espacios radioeléctricos del país que controlan televisión, radio, internet y telefonía celular.

Gustavo Madero Muñoz, presidente del PAN, y el coordinador de los diputados panistas, Luis Alberto Villarreal García, también acogieron con beneplácito la iniciativa.

La tarde del mismo lunes la iniciativa fue recibida en la Cámara de Diputados para que sea discutida primero en comisiones y después en el pleno, para posteriormente, de ser aprobada, enviada al Senado para que siga el mismo trámite. Los dirigentes de los cuatro partidos esperan que la iniciativa sea probada sin contratiempos.

La iniciativa declara a las telecomunicaciones como servicios públicos de interés general, por lo cual el estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y de continuidad.

En cuanto a la radiodifusión la iniciativa señala que será un servicio público de interés general. El estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad, y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional.

La reforma propiciará, además de la apertura de dos nuevos canales de televisión abierta, generará el derecho de acceso a la banda ancha y un conjunto de reformas para promover mayor competencia en telefonía, servicios de datos y radio.

Crea además la Comisión Federal de Competencia Económica (CFCE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como órganos constitucionales autónomos.

Entre las facultades de la CFCE se encuentran ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y las libres concurrencias, prevenir y evitar monopolios, prácticas monopólicas o concentraciones, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos competitivos.

A la lFT le corresponde regular, promover y supervisar la radiodifusión y las telecomunicaciones; ordenar y revocar de concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, previa opinión no vinculante del Ejecutivo federal y sancionar concesionarios.

Igualmente, al IFT le corresponde ser la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de la radiodifusión y telecomunicaciones para regular de forma asimétrica a los participantes de estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia, así como imponer límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada de varios medios de comunicación que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica.