México, DF.- Con 77 votos a favor y cero en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Cambio Climático, la cual busca integrar el ordenamiento ecológico a la planeación nacional del desarrollo, a fin de fortalecer las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en México.

Por ello, la senadora mexiquense del Partido Verde Ecolgista de México (PVEM), María Elena Barrera Tapia, se manifestó a favor de la reforma pues “es innegable que el cambio climático es una de las principales amenazas al desarrollo y bienestar de la población mundial”.

Además enunció que la reforma coadyuvará en gran medida a prevenir con mayor eficiencia los riesgos para la población derivados de fenómeno del cambio climático, pues la Política Nacional de Desarrollo, como la Estrategia Nacional, deberá integrar los programas de ordenamiento ecológico territorial, toda vez que son concebidos como instrumentos mediante los que se regula el uso del suelo y las actividades productivas, cuyo propósito es el de contribuir a la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.

“La urgencia con que debemos responder a los retos del cambio climático requiere de un marco jurídico capaz de aportar herramientas de planeación eficientes, para así minimizar los riesgos que este fenómeno implica al desarrollo de todos los mexicanos”, agregó.

De acuerdo a las evidencias científicas que aporta por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático muestran que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, como consecuencia de actividades humanas, se han incrementado en un 70 por ciento desde la era preindustrial, siendo probablemente la causa principal de dicho fenómeno.

Los impactos del cambio climático en regiones de América Latina incluyen una sustitución gradual de la vegetación, pérdidas de diversidad biológica y la disminución de la productividad de algunos cultivos importantes, agregó.

Debido a ello, “la actividad pecuaria; la afectación de la disponibilidad de agua para consumo humano, agrícola e hidrológico, además de un incremento en fenómenos meteorológicos como sequías, inundaciones y huracanes, ponen en riesgo la integridad de la población”, explicó.

México es particularmente vulnerable a estos impactos porque su ubicación geográfica, sus condiciones climáticas, orográficas e hidrológicas, contribuyen a que se encuentre expuesto a eventos extremos y con efectos graves, principalmente en las zonas costeras, áreas inundables, laderas y montañas.

“Es muy importante considerar que los efectos de estos procesos se intensifican, lamentablemente, por las desigualdades sociales, económicas y regionales; sin embargo, México está dando pasos firmes en el tema desde su adhesión al Protocolo de Kioto, lo que ha fomentado arreglos institucionales para la elaboración de estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático”, expuso.

En una de las primeras líneas de acción en materia de adaptación contempladas en la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40 publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 3 de junio de 2013, es precisamente el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos de la población.

Por lo anterior, Barrera Tapia consideró que las acciones y programas de mitigación o adaptación frente al cambio climático, sólo pueden alcanzar mejores resultados si se atiende en principio el ordenamiento ecológico del territorio, concebido como instrumento de la política ambiental mediante la regulación del uso de suelo y de las actividades productivas.

“También, la acción local es indispensable para la puesta en marcha de los compromisos nacionales en la materia”, enfatizó.