* Seminario: “Violencia política contra las mujeres rurales”
Ciudad de México., 17-oct-2016.- En México, a partir de 1953 y después de muchas batallas en distintos frentes, se logró una reforma constitucional que reconoció que las mujeres son ciudadanas y, por tanto, tienen el derecho a votar y a ser electas, señaló María del Carmen Alanis Figueroa, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Durante el Seminario Violencia política contra las mujeres rurales, en las instalaciones de la Sala de Plenos del Tribunal Superior Agrario, evento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, instituido desde 2007 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), precisó además que tanto se ha avanzado que en el ámbito legislativo ya no hablamos de cuotas de género, sino de paridad.
Al dictar la conferencia “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, señaló que este logro ha venido de la mano con un grave problema que empieza a visibilizarse: la violencia política de género.
Además, precisó que estas discusiones tienen todo que ver con el ámbito agrario, ya que, dentro de éste, las mujeres ejercen derechos de participación política en diversos espacios, como, por ejemplo, dentro de los órganos de los ejidos: la asamblea; el comisariado ejidal; la junta de pobladores y el consejo de vigilancia.
Alanis Figueroa destacó que la violencia política contra las mujeres es un problema que se ha enfrentado desde hace mucho tiempo. Sin embargo, apenas ahora se está nombrando y se está abordando en términos judiciales, legislativos y académicos, principalmente en América Latina.
Expresó que se ha reflexionado poco respecto de la participación política de las mujeres rurales en los espacios donde se gestionan las decisiones de los ejidos y las comunidades y, mucho menos, respecto de la violencia que ello puede implicar. Esto, desde el análisis de los obstáculos que enfrentan las mujeres para ejercer su derecho al voto, para ser candidatas a elecciones, así como para ejercer cargos en el seno de sus comunidades.
La magistrada de la Sala Superior señaló que tienen que establecerse políticas públicas para que las mujeres accedan a la tierra y para que se integren en los órganos que las gestionan y que desde el ámbito jurisdiccional, también hay mucho que se puede hacer, incluso, desde el litigio ante a órganos jurisdiccionales electorales, por ejemplo, por medio del juicio para la protección de los derechos político- electorales del ciudadano, el cual sirvió para tutelar los derechos de las presidentas municipales de Oxchuc y Chenalhó.
Concluyó su participación proponiendo la adopción de un protocolo que permita atender la violencia contra las mujeres, pero en materia agraria, puesto que los casos de violencia política en el ámbito rural no pueden quedarse en un limbo que conduce a la impunidad, las vías existen y tienen que utilizarse.
