* El constitucionalismo latinoamericano enfrenta contradicciones internas que perjudican los propósitos que han motivado muchas de las reformas

* Las instituciones judiciales sirven para la protección de los derechos humanos y de los grupos minoritarios: Rodríguez Mondragón

Ciudad de México.- Roberto Gargarella, constitucionalista y sociólogo argentino, aseguró que un problema muy serio que existe en el constitucionalismo latinoamericano, son ciertas contradicciones internas que se han presentado “en muchas de nuestras constituciones que perjudican los mismos propósitos interesantes y atractivos que han motivado muchas de las reformas”.

Al participar en el Conversatorio “Constitución, Democracia y Jurisdicción: Diálogo con Roberto Gargarella”, en el Auditorio “José Luis de la Peza” del TEPJF, señaló que hay una tendencia de acumular teorías opuestas en un mismo texto constitucional, lo cual dificulta su aplicación e interpretación.

“Cuando hablamos del nuevo constitucionalismo latinoamericano, hablamos de reformas esperanzadoras, pero que creo que están limitadas por problemas que son internos al constitucionalismo, esto es, en definitiva, no hemos diseñado apropiadamente las instituciones constitucionales”, sostuvo Gargarella.

Aunque consideró positiva la tendencia de incluir muchos derechos en la Constitución, explicó que difícilmente serán efectivos considerando que las constituciones de la región se caracterizan por dos compromisos que aparecen en contradicción entre sí.

Esto es, añadió, que mientras en una parte de las cartas magnas se expresa la idea de los derechos sociales, culturales, multiculturales y humanos, en la otra estos se desdicen porque en su diseño no se ha logrado ser consistentes y consecuentes con lo ahí plasmado, pues se sigue privilegiando la concentración del poder.

“Es decir, la otra parte de la Constitución, que diría que es la más crucial, la vinculada con la organización del poder se encuentra permanentemente en tensión con la primera. Entonces, lo que afirmamos enfáticamente a partir de la declaración de derechos en términos de compromiso social, de cambio, de igualdad económica, de democratización, de poder horizontal, lo desdecimos desde la otra parte de la Constitución, en donde seguimos afirmando una visión de desconfianza democrática”, puntualizó.

Gargarella enfatizó que los tribunales constitucionales juegan un papel importante para proteger los derechos humanos, pero que deben cumplir esta función de manera receptiva a la opinión pública y de las presuntas víctimas, siendo más activos o pasivos dependiendo del caso concreto.

El académico argentino sostuvo que es posible la realización de ejercicios deliberativos en el contexto latinoamericano, pero que es importante evitar la celebración de diálogos ilusorios y decisiones discrecionales para celebrarlos.

A su vez, Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), señaló que una de las contribuciones de los tribunales en la transformación democrática ha sido garantizar desde el punto de vista individual, colectivo o de grupos, los derechos humanos y defender a los grupos minoritarios ante los intereses o las imposiciones de la mayoría.

Indicó que, en su obra académica, Gargarella destaca que muchas de las constituciones en América Latina muestran una yuxtaposición de visiones en los modelos democráticos y en los sistemas políticos y económicos, que van en direcciones opuestas y que no representan una solución estructural a la situación que enfrentan las naciones.

“Las constituciones en América Latina, todas tienen esta yuxtaposición de visiones o modelos económicos, jurídicos y políticos que tienen tensiones, que más bien parecen válvulas de escape a contextos y a soluciones que no son estructurales, sino que son temporales para generar los incentivos para pacificar la coyuntura, pero no son realmente diseños de largo plazo”, destacó Rodríguez Mondragón como uno de los postulados principales de Gargarella.

En relación con esta problemática, entendiendo que al autor argentino sostiene que son necesarios cambios institucionales que sean contradictorios a los intereses de las élites políticas, el magistrado cuestionó cuál podría ser el mecanismo adecuado para lograr estos cambios y, en su caso, cuál sería el papel de los tribunales constitucionales en este proceso.

Destacó la importancia del siguiente postulado de Gargarella: “El proceso judicial, en sí mismo, y también las instituciones judiciales como actores del diálogo público y de la deliberación pública, sirven para canalizar conflictos y someterlos a un juicio racional en donde el resultado que se espera es identificar los mejores argumentos y razones para llegar a una decisión que permita a un tribunal tener la última palabra”.

En este tenor, Rodríguez Mondragón cuestionó cuál debe ser la manera en cómo los tribunales constitucionales pueden llevar a cabo los procesos deliberativos para alcanzar los consensos, sobre todo porque las estructuras de poder no se modifican a la par o en la misma dirección que la introducción de derechos en las constituciones o en los pactos políticos en general.

Asimismo, el magistrado reflexionó sobre la falta de certeza que probablemente surgiría de un procedimiento deliberativo, así como de los prerrequisitos para su debido funcionamiento.