Ciudad de México.- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), refrenda su compromiso con el respeto a la dignidad y a los derechos humanos de las personas migrantes, al tiempo que reitera que la migración regional es un fenómeno que debe atenderse, de manera compartida y coordinada, mediante la promoción de oportunidades y el desarrollo en las comunidades de origen.

México reconoce la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expuesta en un comunicado difundido hoy, por la situación de las personas migrantes y refugiadas en la región. Es bajo ese mismo interés en los derechos de los migrantes que México conduce su política migratoria y promueve un esfuerzo inédito para impulsar el desarrollo regional.

En materia migratoria, México se desempeña responsablemente y de manera alineada con el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular, del cual hemos sido fuertes promotores.

Como cualquier Estado democrático y soberano, México hace cumplir con su Constitución y sus leyes en la materia, en particular su Ley de Migración, que establece, entre otros principios, el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, sin discriminación por motivos de nacionalidad, género, etnia, edad, situación migratoria o de ninguna otra índole, el respeto a la preservación de la unidad familiar y atención al interés superior de niñas, niños y adolescentes.

La actuación del Instituto Nacional de Migración (INM), responsable de la aplicación de la política migratoria, y la labor de apoyo suplementario de la Guardia Nacional se conducen en apego a la normatividad vigente. La actuación de sus elementos se realiza bajo protocolos de protección a los derechos humanos y con el cercano acompañamiento de organismos internacionales.

Como muestra dicho acompañamiento, en abril pasado, el Gobierno de México y la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, firmaron un acuerdo de asesoría y asistencia técnica para la formación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos y operación, de acuerdo con estándares internacionales.

Al igual que la CIDH, México estima indispensable promover el desarrollo y condiciones dignas para todas las personas en sus comunidades de origen a fin de que la migración sea una opción y no una necesidad.

Por tal motivo, el Gobierno mexicano agradece el reconocimiento de la CIDH al Plan de Desarrollo Integral (PDI) El Salvador-Guatemala-Honduras-México, desarrollado en colaboración con la Cepal y 16 agencias de Naciones Unidas, que ha sido fuertemente impulsado por México a nivel internacional y que hasta ahora ha logrado el respaldo de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA) y naciones como Alemania, España, Uruguay y Chile.

Bajo la visión del desarrollo como vía para atender el fenómeno regional de migración, México destinará 100 millones de dólares para la promoción de programas sociales como “Sembrando Vida” en El Salvador, Honduras y Guatemala.

México mantiene su larga tradición de acogida a migrantes. Durante el primer semestre del presente año, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) ha recibido más de 31 mil solicitudes de condición de refugiado, más del triple de las recibidas en el mismo periodo del año anterior.

El Gobierno mexicano no coincide con las medidas que limitan el acceso al asilo y refugio a aquellas personas que temen por su vida o seguridad en sus países de origen por motivos de persecución. Sobre el retorno de solicitantes de asilo en Estados Unidos a territorio mexicano, se reitera que México tomó la decisión soberana, de recibir a un número de éstos motivado por preocupaciones humanitarias.

Con respecto a las modificaciones recientes de las autoridades estadounidenses a sus procedimientos y criterios de elegibilidad en materia de asilo, México ha expuesto que se mantendrá atento a las implicaciones que tal decisión podría conllevar para los solicitantes de asilo de otros países que ingresen a EU por su frontera sur y se prestará especial atención a que se respete el principio de no devolución (non-refoulement) reconocido por el derecho internacional vigente.

Referente a la trágica muerte de Óscar Alberto Martínez Ramírez y su hija Valeria, de 23 meses de edad, procedentes de El Salvador, quienes el pasado 24 de junio se ahogaron mientras intentaban atravesar el Río Bravo para llegar a Estados Unidos, se hace del conocimiento que ambos contaban con visas por razones humanitarias expedidas por México.

Es de llamar la atención que, en su comunicado, la CIDH no haga pública su preocupación o condena a las redes internacionales de tráfico de personas, que realizan un negocio multimillonario a expensas de la seguridad e integridad de personas migrantes.

Hay numerosos ejemplos del peligro al que son expuestos los migrantes por parte de traficantes, siendo el más reciente el de alrededor de 150 personas que viajaban hacinadas y deshidratadas en un tráiler, que circulaba por la autopista La Tinaja-Cosoleacaque, y que fueron rescatadas por autoridades mexicanas. El gobierno de México reitera que el desmantelamiento de dichas redes de tráfico de personas es una de sus prioridades en materia migratoria.

Sobre la preocupación de la protección a personas migrantes expuesta por la CIDH, particularmente menores, México reconoce que su capacidad instalada para brindar atención a estos se han visto rebasadas por el aumento en los flujos de personas.

Por ello, recientemente se aprobó un proyecto de cooperación por 60 millones de pesos con los que se apoyará la rehabilitación de estaciones migratorias y albergues familiares y se han destinado recursos humanos y financieros extraordinarios para mejorar las condiciones de los mismos.

El gobierno mexicano integrará, además, equipos multidisciplinarios que incluyen trabajadores sociales, abogados, psicólogos y coordinadores para la atención de niñas, niños y adolescentes. Con todas estas políticas públicas y con su liderazgo internacional, México demuestra su compromiso por una migración ordenada, legal, segura y con respeto a los derechos humanos y su compromiso, en los hechos, para hacer de la migración internacional una opción y no una necesidad.