* La ASF evidenció irregularidades por 53 millones de pesos
* Piden proteger a defensores del medio ambiente ante intereses políticos, comerciales y criminales
Ciudad de México.- La Segunda Comisión aprobó un dictamen para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) un informe respecto al uso y destino de los mil 70 millones 49 mil pesos, como parte del programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en el Exterior durante el año 2017.
En el documento aprobado, se señala que en la revisión de la cuenta pública 2017, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó los recursos que fueron destinados para la ayuda a migrantes y detectó deficiencias en la operación y supervisión de la aplicación de éstos en dicho programa.
Se indica que la ASF evidenció irregularidades por 53 millones de pesos y determinó, como resultado de la auditoria, 16 observaciones, de las cuales solo una fue solventada por la entidad fiscalizada antes de la integración del informe.
Las 15 observaciones restantes, se agrega, generaron 18 recomendaciones, cinco promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco pliegos de observaciones.
La Auditoría encontró diversas irregularidades: por un lado, se realizaron pagos de los servicios de forma anticipada sin que se solicitaran las garantías de cumplimiento y, por otro, no se aplicaron las penas convencionales respecto de los servicios de obra correspondientes al contrato número OMBI-OP-LP-02/2017.
Aunado a ello, en los recursos ministrados a tres representaciones de México en el exterior etiquetados para el pago de prestadores de servicios independientes, no se identificó la documentación que acredite que fueron aplicados en los conceptos, para los cuales se les radicaron.
En tanto, los pagos efectuados por servicios profesionales independientes por un monto de cinco millones 313 mil pesos a 55 prestadores de servicios, contratados por las representaciones de México en el exterior en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, no se sustentaron en los reportes detallados relativos a las actividades efectuadas.
De la misma manera, existen contratos formalizados por la representación de México en Nueva York con tres prestadores de servicios para la difusión de materiales sobre protección preventiva para personas mexicanas en Estados Unidos, a quienes se les realizaron pagos por 46 millones 817 mil pesos a tres proveedores en el mes de diciembre de 2017.
Los servicios no se proporcionaron en su totalidad y no se halló la documentación justificativa que acredite la inclusión de dichos servicios para la implementación y estrategia en redes sociales y difusión de material informativo en plataformas digitales móviles en las adendas.
Los legisladores comentaron que “existe una preocupación justificada en la sociedad mexicana porque los recursos que se asignan para la protección y asistencia de los mexicanos en Estados Unidos se ejerzan con la mayor prontitud y eficiencia”.
Sobre todo, resaltaron, en el contexto actual en el que hay una andanada sin precedentes contra nuestros connacionales, a partir del endurecimiento de la política migratoria desde el arribo de la administración del presidente Donald Trump.
Destacaron la necesidad de promover la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos que fueron reasignados a la SRE para fortalecer la defensa y protección de nuestros connacionales.
* Garantizar consultas a comunidades para uso de sus tierras y proteger a defensores del medio ambiente
Este órgano de trabajo, que preside el diputado Agustín Basave, ratificó un exhorto al Gobierno Federal para garantizar el derecho de las comunidades a una consulta y participación adecuada para otorgar o negar su consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales.
También, para que garantice que las personas defensoras de derechos humanos puedan llevar a cabo su activismo de forma segura.
El dictamen indica que las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente se encuentran en la primera línea de la lucha para salvar a nuestro planeta de los impactos del cambio climático, salvaguardar derechos humanos y proteger de daños a las comunidades vulnerables.
“Ellas defienden causas que nos benefician a todos: sostenibilidad, biodiversidad y justicia. Denuncian la corrupción y presionan por cambios en las leyes, políticas y prácticas, para garantizar que se respeten los derechos ambientales y de la tierra” se subraya.
No obstante, en 2017 Global Witness documentó 207 asesinatos de defensores y defensoras de la tierra y del medio ambiente, “personas comunes y corrientes asesinadas por defender sus bosques, ríos y hogares contra las industrias destructivas”. Son más asesinatos que en 2016, por lo que es el peor año del cual se tiene registro.
El informe expone que las personas defensoras del medio ambiente y la tierra suelen enfrentarse a intereses políticos, comerciales y criminales que se confabulan para robar sus recursos naturales; ellas, resisten años de amenazas de muerte, criminalización, intimidación y acoso, pero reciben poca o ninguna protección por parte de las autoridades.
Refiere que, en 2013, gran parte de las aproximadamente dos mil 600 concesiones mineras en México estaban operando en territorios ancestrales, sin el consentimiento de los pueblos indígenas que viven allí.
Se detalla que el aumento en los homicidios de personas defensoras mexicanas ha coincidido con un incremento masivo de asesinatos derivados del crimen organizado; es decir, las bandas delictivas organizadas intensifican el conflicto por la tierra, pues son requeridas por los cárteles para el tráfico de drogas y otras actividades delictivas.
El crimen organizado, puntualiza, provee de sicarios a los madereros, narcotraficantes y otros grupos delictivos, que pueden emplearlos para proteger sus intereses, incluso amenazando y atacando a personas defensoras.
* Reconocerán a delegación mexicana que triunfó en Juegos Centroamericanos
En la misma reunión, donde en total se aprobaron 14 dictámenes, la Segunda Comisión, respaldó que el Congreso de la Unión haga un reconocimiento público a los entrenadores, preparadores físicos y atletas mexicanos de todas las disciplinas deportivas que compitieron en la Vigésimo Tercera Edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.
Senadores y diputados destacaron su participación, pues obtuvieron el primer lugar en el medallero de esa regional y multidisciplinaria justa deportiva.
