México, DF., 22-abr-2015.- El Pleno del Senado aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, propuesta desde noviembre de 2012 por el presidente Enrique Peña Nieto, “constituye el esfuerzo más grande del Estado mexicano para erradicar las acciones deshonestas de los servidores públicos”, afirmó el senador Eviel Pérez Magaña.
“La aprobación de esta reforma no es logro de ningún partido político. Viene de una propuesta hecha por el presidente y es resultado de la aportación de los grupos parlamentarios, la sociedad civil, académicos y especialistas”, aseguró.
El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el estado de Oaxaca agregó que la corrupción representa un reto que debemos enfrentar, sobre todo por los daños en materia económica y social que generan.
De acuerdo con el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción asciende al 10 por ciento del Producto Interno Bruto, es decir, 1.5 billones de pesos al año, cifra que representa 12 veces el gasto social del gobierno en este año y el doble de recursos que se invierten en educación pública, comentó.
Transparencia Mexicana señala que los hogares en México, destinan en promedio el 14 por ciento de sus ingresos al pago de “mordidas” y a otros actos de corrupción. Esta práctica nociva ha penetrado en prácticamente todos los niveles de gobierno y ningún partido político puede jactarse de no haber sido señalado antes por actos de corrupción.
La reforma crea el Sistema Nacional Anticorrupción para prevenir, detectar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción; El Sistema será una instancia coordinadora con las autoridades competentes de tres los órdenes de gobierno y con el Sistema serán públicos los informes de auditoría de las entidades fiscalizadoras en los estados y en el Distrito Federal.
El Sistema Nacional Anticorrupción propone la procedencia de extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito; Con esta aprobación todos los servidores públicos deberán presentar declaración patrimonial y de intereses; La prescripción de responsabilidad administrativa por causas graves no será menor a siete años y el Sistema es para identificar prevenir investigar y sancionar actos de corrupción en servidores públicos y particulares.
