Miguel Ángel Schultz
Un sinfín de organizaciones e instituciones, así como académicos defensores de los derechos humanos se han pronunciado en contra de la propuesta de Ley de Seguridad Interior, con la que se pretende restablecer el Estado de Derecho, fracturado desde hace más de 11 años, al permitir a las Fuerzas Armadas del país asumir las tareas que corresponden a los cuerpos policiacos.
Hay que recordar que fue el entonces presidente de la República, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), quien al ganar los comicios del 2006, le declaró la guerra al crimen organizado.
El 11 de diciembre de ese año, envió a su natal estado de Michoacán seis mil 500 efectivos de las fuerzas federales, a los pocos días haber tomado protesta como presidente de la República, luego de un debatido triunfo electoral en los comicios presidenciales, en el que por décimas derrotó a Andrés Manuel López Obrador, candidato de la Coalición ”Por el Bien de Todos” formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD); del Trabajo (PT) y Convergencia.
De acuerdo a un recuento, en 10 años de la guerra contra la delincuencia organizada o el narcotráfico, se tiene un promedio de cien mil asesinados. Sí 100 mil personas que han sido masacradas. En tanto existen por lo menos 30 mil desparecidos.
Es tan grave la situación que vive el país, que el pasado mes de octubre fue considerado el mes más violento con dos mil 371 homicidios y lo acumulado hasta ese mes, el número de crímenes supera a todos los asesinatos cometidos en el 2016. Eso habla del fracaso de la política de seguridad implementada por el Gobierno Federal que encabeza, Enrique Peña Nieto.
Lo anterior hace ver con toda claridad que el uso de la fuerza armada no ha dado ningún resultado para restablecer el Estado de Derecho en el país, que termine con la masacre que se cometen todos los días contra el pueblo de México, que enluta a los hogares y lo que es peor, que se incremente el número de desaparecidos, lo que provoca un sufrimiento inimaginable para aquellas familias que tienen a uno de sus miembros en calidad de desaparecido, que no importa que sean mujeres, hombres, niños, jóvenes, ancianos, da igual.
Organismos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI), así como académicos mexicanos del derecho, organizaciones defensoras de derechos humanos e incluso -el lunes 4 de diciembre- el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, le pidió al gobierno de México no aprobar la Ley de Seguridad Interior. Es más hasta el máximo representante del organismo de la ONU, Zeid Ra’ ad Al Hussein, pidió al Gobierno de México no aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior.
Dicha ley viene siendo empujada por diputados y senadores del PRI y PAN, fundamentalmente, por lo que da la impresión que lo que se está preparando es que el gobierno cuente con las herramientas legales suficientes, para que en caso de perder las elecciones concurrente del próximo año, en la que se elige: presidente, senadores, diputados federales y locales, gobernadores y presidente municipales, puedan dar lo que sería un “golpe de estado blando”.
En el artículo primero de nuestra Constitución se garantiza el respeto a los derechos humanos de todos y todas las mexicanas, pero va más allá, ya que también mandata que se nos deben respetar los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales que haya firmado el Gobierno de México, por lo que veremos si el gobierno se atreve a hacer caso omiso a las observaciones de organismos de la ONU.
@MiguelAschulz
