* Ante el Comité de Derechos del niño de la ONU, el primer Visitador General destacó que la pobreza constituye una barrera que impide al Estado mexicano la protección plena de los derechos de infancia y adolescencia
* Dijo que la Ley General en la materia es el primer paso para conformar una estructura institucional y cultural de respeto a los derechos humanos de niñez y adolescencia
Ginebra, Suiza., 19-may-2015.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) considera de la mayor importancia diseñar e implementar políticas públicas efectivas y lineamientos claros dirigidos a garantizar el interés superior de la niñez, señaló el primer Visitador General de la CNDH, Ismael Eslava Pérez.
Ante los integrantes del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), indicó que la protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes demanda estrategias de solución integrales que involucren a los diferentes actores del entramado social.
Destacó la importancia de la transversalización del enfoque de derechos humanos en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas para el desarrollo social, ya que la pobreza es una barrera que impide al Estado mexicano la protección plena de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Comentó que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en México es sólo el primer paso hacia la conformación de una estructura institucional y cultural de respeto a los derechos humanos de niñez y adolescencia.
Tras indicar que la ley reconoce a niñas, niños y adolescentes como sujetos de todos y cada uno de los derechos previstos en los marcos jurídicos nacional e internacional, explicó que el cambio principal radica en el rol del Estado mexicano en la protección de los derechos de la niñez y adolescentes, que va hacia un sistema de protección integral que considera a los menores de edad como personas con derechos.
En reunión celebrada en el Palais Wilson, en Ginebra, Suiza, Eslava Pérez presentó algunas consideraciones sobre los derechos humanos en nuestro país, entre las que destacó que la oferta educativa avanza muy lentamente en la erradicación de las desigualdades sociales, pues debe introducir acciones estructurales que atiendan con mayor eficiencia sus necesidades e invertir recursos suficientes para su atención.
Comentó que la labor del Estado mexicano es insuficiente para detectar el trabajo infantil y aplicar la ley a las empresas que contratan esa mano de obra por debajo de la edad permitida.
Enfatizó la importancia de introducir mecanismos permanentes de participación voluntaria de la niñez en el Sistema Nacional de Protección Integral (SNPI), como la adición de un anexo transversal sobre los recursos para la atención de la niñez en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que la ejecución del presupuesto, con enfoque de protección de derechos humanos de la niñez, sea de carácter obligatorio, constante y auditable.
Asimismo, propuso la creación de un Registro Nacional de Datos que refleje el grado en que se protegen los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como garantizar el acceso a la educación básica para combatir las barreras que impiden la plena realización de sus derechos, además de la ampliación de la cobertura de políticas para el desarrollo social en zonas remotas de población indígena y difusión en sus propios idiomas.
También, planteó la instalación de un grupo de trabajo interinstitucional de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales relacionados con la problemática de niñas, niños y adolescentes migrantes; la ratificación de convenios internacionales en materia de trabajo infantil y mayor inspección laboral en centros de trabajo; y mejoramiento de los procesos de supervisión a los centros de tratamiento interno para adolescentes.
