Al respecto, Javier Corral señaló que el documento entregado por Muñoz Ledo “se integra como un documento de referencia dentro de la consulta que estamos haciendo en vísperas de la conferencia parlamentaria que llevaremos a cabo”.
En el escrito entregado por Muñoz Ledo se señalan siete temas del proyecto de dictamen que de acuerdo al mismo legislador, van en contra de diversos instrumentos internaciones de derechos humanos.
Los temas son: 1) la declaración de existencia de afectación a la seguridad interior y la suspensión de garantías; 2) fuerzas armadas permanentes en funciones de seguridad pública; 3) violación al derecho humanitario; 4) intervención de comunicaciones privadas; 5) concepto de delincuencia organizada; 6) reparación del daño, y 7) Progresividad y Principio Pro persona.
En el análisis realizado por el también presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores se indica que “resulta incongruente que en la última reforma a la Constitución en materia de derechos humanos los legisladores hayan insistido en un capítulo sobre derechos humanos no suspendibles cuando el solo repaso de estos permitiría descubrir que casi todos serían afectados por la entrada en vigencia de esta ley, cuando ni siquiera se trataría de una suspensión constitucional de derechos y sus garantías, sino de una mera ‘declaratoria de existencia de afectación’.
En el documento, Muñoz Ledo parte del supuesto que con la Declaratoria de afectación a la seguridad interior se violarían garantías individuales, sin embargo, en ningún apartado del texto explica la manera cómo se darían estas afectaciones.
Además, el Proyecto de Dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional es muy claro al indicar en su artículo 69, último párrafo que “en ningún caso la Declaratoria implicará la suspensión, restricción o limitación de los Derechos Humanos y sus Garantías, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.
En el documento de Porfirio Muñoz Ledo se señala que en el proyecto de dictamen que se aprobó en lo general el pasado 2 de agosto en la Comisión de Gobernación se vulneran derechos contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 1, 6, 9, 16, 18, 21, 29, 129 y 133).
Asimismo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1, 2, 8, 11, 13, 15, 16, 22, 24, 25, 27, 28 y 29), la Carta Democrática Interamericana (arts. 4 y 8), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2, 3, 4, 5, 12, 14, 17, 20 y 22), la Declaración Universal de Derechos Humanos (arts. 8, 11, 12, 18, 20 y 88), los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (números 2 y 8), y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (violación al objeto fin del tratado).
Uno de las principales argumentos que señala el legislador petista es que la participación de las fuerzas armadas en actividades de seguridad interior es inconstitucional puesto que el artículo 129 de la Constitución indica que “en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Sin embargo, la afirmación anterior es incorrecta puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya emitió jurisprudencia al señalar que “las fuerzas armadas pueden entrar en auxilio de las autoridades civiles cuando éstas soliciten el apoyo de la fuerza con la que disponen”.
En el documento de Muñoz Ledo también se señala que las “instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han destacado la inconveniencia de utilizar a las fuerzas armadas en labores de seguridad interior debido a las reiteradas violaciones a los derechos fundamentales y a situaciones históricas del hemisferio americano en donde diversos regímenes dictatoriales utilizaron al ejército como medio para lograr la seguridad”.
Asimismo, Muñoz Ledo sugiere que “se formule una invitación pública a las agencias y organismos especializados de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano representados en México para que emitan sus opiniones sobre el proyecto de dictamen”.
Es importante recalcar que las reformas a la Ley de Seguridad Nacional lo que buscan reglamentar es el artículo 89, fracción VI de la Constitución que señala la facultad del Ejecutivo de “disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior”.
Además, del artículo 119 que indica que “los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los estados contra toda invasión o violencia exterior. En caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la legislatura del estado o por su ejecutivo, si aquella no estuviere reunida.” El objetivo de las reformas es acotar las facultades de las fuerzas armadas, no ampliárselos.
El documento entregado por el diputado Muñoz Ledo se encuentra disponible en el micrositio de la Comisión de Gobernación en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/001_diputados/010_comisioneslxi/001_ordinarias/020_gobernacion/011_ley_de_seguridad_nacional/02_documentos
