Oaxaca.- Con el fin de proporcionar herramientas que garanticen los derechos humanos de las mujeres, víctimas de violencia de género se realizó el “Taller Aplicación Eficaz de las Órdenes de Protección” organizado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña dirigido a las y los servidores públicos encargados de administrar o procurar justicia.

La directora General del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, Anabel López Sánchez se congratuló por la sensibilidad en materia de equidad de género y acceso a la justicia de los derechos de las mujeres por parte de quienes integran el Poder Judicial en el estado, lo cual se refleja, dijo en la disposición, cooperación y presencia en este taller.

Por ello las Órdenes de Protección constituyen una figura jurídica que busca atender casos de violencia de género y evitar daños irreparables para las mujeres, pues este tipo de violencia representa la manifestación extrema de la dominación sobre las mujeres, impidiendo a la sociedad alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, convirtiéndose en uno de los mayores obstáculos para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.

Lo anterior señalado por Rocío Mayeli Servín Morales, Subdirectora de Seguridad y Justicia del Instituto Nacional de las Mujeres quien también añadió que en este sentido, el trabajo del personal del ámbito judicial y de procuración de justicia debe responder a las recomendaciones derivadas de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, ya que este instrumento establece que “se debe proporcionar a las víctimas protección y apoyo apropiados”.

También, insistió Servín Morales, se debe dar cumplimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la cual establece la obligación de los Estados Parte de adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad.

En cumplimiento a esos mandatos, actualmente 31 entidades federativas ya cuentan con la figura de Órdenes de Protección en sus Leyes Estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, excepto el Estado de Chihuahua, que contempla la figura de medidas cautelares tanto en su Código Penal como en el Código de Procedimientos Penales.

De los datos otorgados por las entidades federativas de todo el país se desprende que, desde la fecha de la publicación de cada Ley Estatal de Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia y hasta julio de 2011, se han otorgado, un total de 46 mil 209 medidas de protección, de las cuales seis mil 072 corresponden a órdenes de protección en favor de mujeres víctimas de violencia, mientras que el resto lo constituyen medidas precautorias o cautelares de orden civil y penal.

Ante la presencia de Brenda Flores García, funcionaria de la Dirección General de Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Delito de la Secretaria de Seguridad Pública; Iliana Araceli Hernández Gómez, Subprocuradora de Delitos contra la Mujer por razón de Género y María del Rocío Morales Hernández, Jueza Sexagésimo Primero de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Servín Morales afirmó que esta numeralia vislumbra un reto mayor: lograr que todas y todos los operadores de justicia sean sensibles a la profunda necesidad de las víctimas de violencia de género.

Este taller se ha realizado también en la ciudad de San Luis Potosí y en Baja California.

Acompañado por María de Lourdes Pérez Velasco, integrante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca Ac y Angélica Nohemí Ramírez Ramírez, titular del Centro de Justicia para las Mujeres del Estado de Campeche, el Magistrado José Luis Reyes Hernández, del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca consideró que este taller permitirá orientar el trabajo de los juzgadores, en la efectiva protección de quienes acudan en busca de justicia. Asimismo se dijo presto a tutelar los derechos de las mujeres oaxaqueñas y hacer de la sede judicial, una estructura de acceso pleno a su dignidad.