Con información de Estela Juárez
México, DF., 24-nov-2014.- De acuerdo con defensores de derechos humanos, a los ahora presos, detenidos el pasado 20 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, se les acusa de asociación delictuosa, motín y tentativa de homicidio, y aunque es información no oficial se les habrían quitado los cargos de terrorismo y delincuencia organizada.
Sin presentar pruebas, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó a 11 estudiantes a penales de máxima seguridad, luego de haber sido detenidos la noche del pasado 20 de noviembre en el Zócalo capitalino, al concluir la marcha en apoyo a familiares y estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
En conferencia de prensa, Jesús González, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, denunció diversas violaciones al debido proceso, empezando por que se trató de detenciones arbitrarias y dijo que las familias no han recibido información oficial sobre la situación jurídica de los jóvenes.
Informó que el caso de los 11 detenidos se lleva en el juzgado 17 de distrito radicado en Xalapa, Veracruz, con la causa penal 45/2014A. Ocho hombres fueron trasladados a un penal federal en esta entidad y tres mujeres a Tepic, Nayarit.
González aseguró que la información con que cuentan hasta el momento la han obtenido mediante filtraciones y un trabajo que los abogados han tenido que hacer para conocer la situación jurídica de los jóvenes detenidos, entre ellos un ciudadano chileno.
Denunció que la PGR no permitió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) corroborara el estado de salud de los detenidos y otras irregularidades en el proceso, entre ellas el que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal haya entregado a los jóvenes a autoridades federales y no hayan sido presentados de inmediato ante el ministerio público correspondiente, además de que no se les permitió designar una defensa de su confianza.
Anunció que se analizan los diversos mecanismos internacionales de detenciones arbitrarias y se planea un acercamiento con el grupo de trabajo de este rubro en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), así como el planteamiento del caso en una próxima audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La defensa de los jóvenes argumentó que entre otras irregularidades está la tortura psicológica y quizás física de los detenidos, pues al menos en el caso de una de ellas presenta moretones en el rostro, así como la incomunicación por más de 18 horas y la negativa a contar con la defensa de un abogado de su confianza.
En su oportunidad Francisco Cerezo, del Comité Cerezo México, enumeró las violaciones a los derechos humanos cometidas por instituciones del Estado mexicano al concluir la marcha pacífica del 20 de noviembre.
En primer lugar, mencionó, se violentó el derecho a la protesta, ya que el operativo policiaco fue diseñado para generar miedo al cometer actos de represión indiscriminada.
Además de las detenciones arbitrarias mediante la generación del caos en medio del desalojo de una plaza pública y de acuerdo con testimonio con la intención de que la gente no vuelva a manifestarse.
Refirió también el aislamiento del que fueron objeto los detenidos, la falta de información clara y expedita sobre la situación jurídica de los detenidos y la imputación de delitos graves que podrían alcanzar una pena de entre 6 y 60 años con el objetivo de criminalizar a los manifestantes e inhibir la protesta social.
