Pongamos todo en perspectiva // Carlos Villalobos
La soberanía, como muchos conceptos desde que Donald Trump asumió su segundo mandato, es invocada cuando conviene y es necesario para justificar acciones desproporcionadas o en situaciones de falta de lógica. Desde la Unión Americana se defiende con el pecho inflado y se guarda en el cajón cuando estorba.
La incursión estadounidense en Venezuela ha vuelto a poner este concepto en el centro del debate, para exhibir su contradicción en la práctica, ya que la narrativa es conocida: primero se buscará aplicar la Ley, para combatir el crimen y así encontrar restauración del orden. Sin embargo, en la práctica es distinto ya que primero se aplica la fuerza y después será una labor de justificar la acción. Lo anterior, no es nuevo, de hecho es una jugada de manual, lo que cambia es el descaro con el que ahora se asume que esa lógica puede presentarse como normalidad.
Que el régimen venezolano no haya sido ejemplo de democracia es un hecho ampliamente documentado y sería un poco lunático asegurar lo contrario. Pero una cosa es señalar esa falla y otra muy distinta asumir que basta para suspender, de manera unilateral, las reglas básicas de convivencia internacional. Cuando una potencia decide que puede entrar, extraer a un jefe de Estado y redefinir los límites jurídicos desde su propio tribunal, la discusión deja de ser sobre Venezuela y pasa a ser sobre el precedente.
Ahí es donde la soberanía se vuelve selectiva, se defiende cuando otros cuestionan fronteras, pero se relativiza cuando estorba a los intereses estratégicos. Se exige respeto a las normas internacionales mientras se actúa al margen de ellas y al mismo tiempo se señala a esos mismos marcos multilaterales como incómodos, ineficientes o contrarios al interés nacional.
No es casual que, casi en paralelo a cuatro días de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de Caracas, Estados Unidos anunciara su retiro y el cese de financiamiento a una larga lista de organismos internacionales, incluidos espacios clave de Naciones Unidas relacionados con derechos humanos, desarrollo, medio ambiente, cooperación y construcción de paz. Por lo tanto, la señal es clara ya que los estadounidenses reclaman autoridad para intervenir fuera de casa, pero se renuncia a los mecanismos colectivos que, en teoría, regulan ese poder.
Lo que quieren, es libertad de acción sin corresponsabilidad.
La contradicción es evidente, ya que por un lado se invoca la legalidad internacional para justificar una acción militar, pero se abandona el sistema internacional cuando ese mismo sistema implica límites, consensos o rendición de cuentas. La soberanía, entonces, deja de ser un principio compartido y se convierte en una herramienta discursiva. No protege a los Estados pequeños, más bien, se utiliza para proteger la capacidad del más fuerte de decidir cuándo las reglas aplican y cuándo no.
Lo preocupante no es solo el caso concreto, sino la lógica que se normaliza. Si la fuerza puede presentarse como justicia y la retirada del multilateralismo como defensa del interés propio, el orden internacional se vuelve frágil por diseño.
En este escenario, la pregunta no es si una intervención estuvo bien o mal justificada, sino qué mundo se está construyendo a partir de esas decisiones. Uno donde la soberanía ajena es negociable, pero la propia es intocable; uno donde la ley es flexible hacia afuera y rígida hacia adentro o uno donde el discurso del orden convive sin pudor con prácticas que lo erosionan.
Tal vez el problema no sea la soberanía como concepto, sino la hipocresía con la que se administra. La historia ya ha mostrado, demasiadas veces, que cuando el poder se acostumbra a no tener límites, los límites terminan apareciendo de la peor manera posible.
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