* La petición está dirigida a la Segob y al gobierno de Sinaloa
* La finalidad es evitar daños irreparables a la vida, integridad personal y seguridad física de dos defensoras de derechos humanos en el municipio de Choix
* También se les solicita evitar actos intimidatorios, amenazas, violencia, hostigamiento o daños a la propiedad de las activistas
México, DF., 01-may-2015.- Con el fin de evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y seguridad física de dos defensoras de derechos humanos y sus familias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Secretaría General de Gobierno de Sinaloa.
De la misma manera, solicitó a las autoridades mencionadas contactar y llevar a cabo las reuniones que sean necesarias con las representantes de 450 personas, a efecto de obtener información y conocer a detalle la problemática que enfrentan sobre su desplazamiento y poder emitir la resolución que corresponda.
Las medidas cautelares responden a la petición en tal sentido de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CMDPDH), que refiere como antecedente el asesinato ocurrido el 22 de mayo de 2014 de Ramón Corrales Vega, expresidente del Comisariado Ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix, y defensor de derechos humanos, cuyo padre y hermano fueron igualmente privados de la vida.
“La situación de violencia e inseguridad, así como la pugna por el control territorial expresada en los enfrentamientos entre los grupos armados que ha afectado al estado de Sinaloa -explica la CMDPDH en su petición-, está generando el desplazamiento interno forzado de miles de personas”.
“Posterior a 2008, los grupos armados organizados empezaron a sembrar el terror en las comunidades serranas mediante una serie de actos delictivos y amenazas de muerte a personas que se negaban a formar parte de sus actividades”.
Además, “reclutaban civiles para que se sumaran a su lucha contra los grupos rivales y obligaban a las personas que permanecían en sus comunidades a realizar trabajos forzados en los sembradíos. No obstante que aún no existe consenso sobre el número de personas internamente desplazadas en Sinaloa, estudios reconocen que la mayor parte de los desplazamientos ocurren desde localidades rurales y serranas hacia las cabeceras municipales”.
En virtud de la naturaleza de los hechos denunciados ante la CNDH, y dado que la petición tiene como objetivo primordial salvaguardar los derechos fundamentales de todo individuo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 40 de la Ley de este Organismo nacional y116,117 y 118 de su Reglamento Interno, esta Comisión Nacional solicitó a la Segob y a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, adopten las siguientes medidas:
1.- Garantizar la vida, integridad personal y seguridad física de dos defensoras civiles de derechos humanos;
2.- Evitar todo acto intimidatorio que tenga como consecuencia impedir que continúen ejerciendo sus actividades como defensoras de derechos humanos y representantes de las comunidades desplazadas, sin ser objeto de amenazas violencia, hostigamiento o daños a su propiedad en el ejercicio de sus funciones;
3.- Las acciones que realicen las autoridades para garantizar la seguridad e integridad física de las personas mencionadas deberán acordarse previamente con los beneficiarios de las mismas y, en todo momento, respetar sus derechos humanos, y
4.- En el ámbito de competencia federal y local que les es propio, realicen actividades en coordinación para dar cumplimiento y hacer efectivas las anteriores medidas solicitadas.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos permanecerá atenta a la evolución de los hechos y, tras la investigación que realice, dará a conocer la resolución que conforme a derecho proceda.
