* Se debe llevar a cabo una evaluación de los términos y condiciones de los contratos planteados
* Prioritario garantizar que el Estado reciba por lo menos el 70 por ciento de las ganancias por cada barril de crudo producido y comerciable

México, DF., 25-feb-2015.- La Ronda Uno en aguas profundas debe suspenderse debido a las grandes desventajas que tiene Petróleos Mexicanos (Pemex) frente a los competidores internacionales, y a los términos fiscales de los contratos, aseguró el senador Mario Delgado Carrillo.

Tras el anuncio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de que son 42 las empresas interesadas en participar en la Ronda Uno y que según la propia Comisión podrían dejar una ganancia de 137.8 millones de pesos, cantidad que significa el 40 por ciento del presupuesto que le fue autorizado a la propia CNH, el legislador informó que presentará un punto de acuerdo donde advierte que existen dos razones fundamentales para que el Gobierno Federal detenga la Ronda Uno.

Respecto a la primera observación, puntualizó que los estándares de participación en las licitaciones tales como la experiencia y los parámetros financieros, llevarán a los concursantes mexicanos a que la asociación con otras petroleras internacionales sea la opción más óptima, lo que permitirá que las transnacionales puedan fijar sus condiciones.

En el caso de las licitaciones, Delgado Carrillo hizo referencia al premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, quien advirtió que una condición indispensable para que las empresas petroleras no se lleven todas las ganancias de la extracción de hidrocarburos en México es el diseño minucioso, detallado y sencillo de los contratos, así como transparentarlos por completo.

El escenario que plantean los contratos dados a conocer por la CNH, ponen de manifiesto lo que tanto se apeló en la discusión legislativa: si la fuente proveedora del fondo está seca, nunca se logrará un verdadero ahorro de largo plazo y, al contrario los recursos se despilfarrarán, indicó.

“Con el esquema de regalías que se propone en los contratos, las tasa media que se cobrará a los contratistas será de ocho por ciento (considerando el actual precio del barril), cuando en el Senado las propuestas alternativas planteaban escenarios de tasas dentro del rango del 13 y 15 por ciento e incluso superiores, por lo que se castiga severamente una variable clave para asegurar una buena parte de la utilidad operativa”, señaló.

Delgado Carrillo dijo además que se permitirá que las petroleras recuperen costos de operación equivalentes al 60 por ciento del valor de los hidrocarburos extraídos.

El legislador insistió que el Estado debe fundamentar su modelo energético en dos pilares: en primer lugar, en mecanismos para atraer a las mejores empresas petroleras -no a las que se pueda- sino a las más capaces en términos técnicos, financieros, operativos, y que tengan un compromiso serio con el cuidado del medio ambiente; y en segundo lugar, en desarrollar capacidades propias para llevar a cabo dichos proyectos.

Lo anterior es posible, añadió, si se construyen las instituciones reguladoras fuertes para administrar y fiscalizar todas las etapas del proceso productivo de petróleo y así garantizar que los mexicanos obtengamos una parte justa de las ganancias derivadas de nuestro patrimonio.

“En conclusión, el esquema de recuperación de costos resulta muy desventajoso para el Estado, y el límite que se permite recuperar a los contratistas, entre un 30 y 40 por ciento, se encuentra en la cota superior de los estándares internacionales para el tipo de yacimientos que se licitarán”, advirtió Delgado Carrillo.

El punto de acuerdo que presentará ante el pleno del Senado de la República, exhorta al Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a posponer la Ronda Uno hasta que se den las condiciones económicas nacionales e internacionales para garantizar una proporción justa de la renta económica derivada de la extracción de hidrocarburos.

También, exhorta a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a evaluar los términos y condiciones de los contratos petroleros, en particular sobre las variables que afectan directamente la utilidad operativa con el fin de garantizar que el Estado reciba por lo menos el 70 por ciento de las ganancias por cada barril de crudo producido y comerciable.