* Grupo de civiles autodenominado policía comunitaria realiza funciones de seguridad pública
Oaxaca, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) solicitó medidas cautelares, en vía de colaboración, a diversas instancias del Poder Ejecutivo de Oaxaca para evitar que sigan violándose derechos humanos de la población de Santos Reyes Nopala y comunidades circunvecinas por parte de los integrantes del grupo civil armado que realiza funciones de seguridad pública municipal y se autodenomina policía comunitaria.
Este grupo de personas se encuentra armado con escopetas y rifles calibres 22 y 12, así como machetes y palos, además el presidente municipal, Fredy Gil Pineda Gopar, dio lectura a un documento al momento de presentar a la autodenominada policía comunitaria, en el que informa que la asamblea del pueblo determinó no permitir la entrada de la Policía Estatal, ni del Ejército ni la Armada de México.
Ante estos hechos, la DDHPO externó su preocupación, debido a que la creación del referido grupo de civiles armados “pudiera tornarse ilegal, toda vez que existe el riesgo de que se atente en contra de la propia comunidad y se vulneren sus derechos, al carecer de legalidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos fundamentales.
Ante ello, el pasado 11 de febrero la Defensoría emitió la Alerta Temprana 01/2013, tanto a autoridades estatales como municipales.
El día 12 de febrero, este organismo público, autónomo y ciudadanizado solicitó medidas cautelares o precautorias, en vías de colaboración, al secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez; al procurador General de Justicia del Estado, Manuel de Jesús López López y; al secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca solicitó López Escamilla que gire instrucciones al Comisionado de la Policía Estatal, para que ordene a los elementos bajo su mando brindar seguridad en ese municipio y comunidades circunvecinas.
Lo anterior para atender lo dispuesto en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como lo establecido por la Ley del sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca, con la finalidad de evitar que se puedan cometer actos que atenten contra la integridad física y bienes de los pobladores de esa zona.
Además, se pidió al procurador General de Justicia del Estado giré instrucciones para que en caso de advertirse conductas probablemente constitutivas de delito, se inicien los legajos de investigaciones correspondientes.
Mientras que al secretario General de Gobierno, se le pidió instruya a sus colaboradores para que se implementen las acciones y medidas pertinentes para mantener la paz y la gobernabilidad en dicha comunidad.
