* Las acciones de espionaje son condenables, inaceptables y jur?dicamente sancionables porque violan el derecho fundamental que todo ser humano tiene a la vida privada y a la intimidad
M?xico, DF.- La senadora Gabriela Cuevas Barr?n presentar? un punto de acuerdo para exhortar a la Procuradur?a General de la Rep?blica (PGR), a que rinda un informe sobre las investigaciones que ha realizado por los presuntos actos de espionaje cometidos contra ciudadanos mexicanos, ya que es una obligaci?n del Gobierno Federal garantizar una pol?tica de seguridad que est? centrada en la protecci?n de la persona humana.
?En toda sociedad que se dice democr?tica, ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias e indiscreciones abusivas en su vida privada?, demand? la legisladora federal del Partido Acci?n Nacional (PAN).
Gabriela Cuevas record? que, con base en las revelaciones hechas por Edward Snowden, diarios internacionales han dado a conocer la presunta vigilancia que realizan agencias estadounidenses en representaciones diplom?ticas y tambi?n en las comunicaciones de millones de ciudadanos alrededor del mundo.
Asimismo, coment? que en paralelo con estas filtraciones, algunos medios nacionales han revelado que el Departamento de Estado Norteamericano instal? en M?xico un sistema para interceptar y almacenar llamadas telef?nicas y servicios de internet a escala nacional.
La panista se?al? que todas estas acciones de espionaje son condenables, inaceptables y jur?dicamente sancionables porque violan el derecho fundamental que todo ser humano tiene a la vida privada y a la intimidad; valores que est?n reconocidos en tratados internacionales como la Declaraci?n Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?ticos, y la Convenci?n Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, refiri? que la Constituci?n tambi?n establece que las comunicaciones privadas son inviolables y que la ley sancionar? penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privac?a de las mismas, excepto cuando haya autorizaci?n de un juez y se persigan delitos graves como narcotr?fico, terrorismo, tr?fico de menores o de indocumentados, entre otros.
Cuevas Barr?n asever? que ?el Gobierno no s?lo debe garantizar que los mexicanos dejen de ser espiados por el gobierno norteamericano sino tambi?n que las instancias de seguridad internas cumplan con la ley y s?lo intervengan comunicaciones en aquellos casos autorizados por un juez?.
Puntualiz? que cifras oficiales establecen que en el periodo comprendido entre los a?os 2006 y 2012, s?lo se solicitaron 296 autorizaciones para intervenir comunicaciones y fueron concedidas 275, cifras que evidentemente no reflejan una intervenci?n masiva de comunicaciones y que dimensionan el problema al que nos enfrentamos de ser cierto que en M?xico opera un sistema de intercepci?n de comunicaciones a escala nacional.
Por ello, consider? necesario que el Senado de la Rep?blica exhorte al Procurador General de la Rep?blica para que informe cu?les son los avances de las investigaciones que ha iniciado para castigar estos presuntos actos de espionaje, sobre todo tomando en cuenta que el Poder Judicial de la Federaci?n ha se?alado que este il?cito es perseguible oficiosamente porque el bien jur?dicamente tutelado es la seguridad de la sociedad de que las comunicaciones privadas se mantengan en reserva.
?No basta con expresar en?rgicos extra?amientos o externar sentimientos de profunda indignaci?n ante estos actos. M?s all? de estas manifestaciones, el Gobierno tiene la obligaci?n de garantizar seguridad y protecci?n a sus ciudadanos, todo en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos?, concluy? Cuevas Barr?n.
