* En favor de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio

* Concluyen trabajos de la Segunda Cumbre Iberoamericana “Migración y Derechos Humanos. Una nueva mirada”

* Se comprometieron con la supervisión, apoyo y seguimiento al cumplimiento de las acciones asumidas por los Estados de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

Ciudad de México.- Ombudsperson que integran la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) emitieron 17 propuestas dirigidas a todos los estados nacionales que se confrontan con fenómenos migratorios, sean países de origen, tránsito o destino final, para que asuman integralmente sus corresponsabilidades.

Lo anterior, para que en los procesos migratorios -que resultan del Derecho Internacional de Derechos Humanos, Derecho Humanitario y Derecho Internacional de los Refugiados, así como en las propias Constituciones y sus normativas legales internas-, generen las condiciones necesarias para la realización de los movimientos migratorios en condiciones de seguridad y dignidad.

La Declaración de la Ciudad de México fue presentada por los presidentes de la FIO y proveedor de Justicia de Portugal, José de Faria Costa, y Luis Raúl González Pérez, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En la ceremonia de clausura de la Segunda Cumbre Iberoamericana, “Migración y Derechos Humanos. Una nueva mirada”, además adoptaron el “Protocolo de Actuación FIO para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Contexto de Migración” y validaron el respectivo Plan de Acción.

Como resultado de la Segunda Cumbre, los defensores del pueblo, proveedores, procuradores, comisionados, razonadores y presidentes de Comisiones Públicas de Derechos Humanos suscribieron la Declaración de la Ciudad de México en que se demanda el desarrollo de políticas de protección, apoyo y asistencia en los fenómenos migratorios.

Lo anterior, en cumplimiento a los compromisos asumidos en el ámbito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y del entendimiento común universal del enfoque de seguridad humana aprobado por la Asamblea General de la ONU en la resolución 66/290 de 25 de octubre de 2012.

De igual manera, solicitan el desarrollo de políticas de integración y soluciones duraderas para las personas migrantes y refugiadas, respectivamente, para garantizar el respeto de sus derechos fundamentales en los países de destino, las cuales deben construirse con la participación y consulta de personas y grupos afectados, organizaciones y redes no gubernamentales en materia migratoria.

Además, que se combatan la xenofobia y las formas de criminalidad que se  desarrollan en torno del fenómeno migratorio, para lograr una efectiva y eficaz protección de los derechos humanos de ese grupo poblacional vulnerable.

Los ombudsperson proponen que los países de origen y destino de fenómenos migratorios masivos implementen políticas centradas en la búsqueda de soluciones de reciprocidad económica para construir alternativas a la expulsión de las personas migrantes, faciliten la comprensión del fenómeno migratorio y las ventajas de las políticas de acogida entre sus comunidades.

Asimismo, que reconozcan la particular vulnerabilidad de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de personas de grupos vulnerables y de refugiados, y les garanticen el acceso a cuidados de salud, apoyo legal y jurídico, su inclusión en el mercado laboral y la prevención de situaciones de marginalidad y criminalidad.

También piden promover la difusión de riesgos asociados a la migración irregular, como trata y tráfico de personas, el apoyo a procesos de retorno de personas migrantes a sus países de origen y garantizar que los derechos fundamentales de las personas migrantes detenidas por razones de control migratorio sean respetados y las faltas se consideren administrativas y no delitos, lo que evitará la criminalización del fenómeno social de la migración.

A su vez, los ombudsperson firmantes de la Declaración divulgarán entre personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio sus derechos fundamentales y atenderán las quejas cuando no se les reconozcan o garanticen; sensibilizarán a gobiernos y administraciones estatales, regionales y locales para prevenir la discriminación de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de refugio.

También, promoverán la formación de autoridades que trabajan con personas migrantes, especialmente en las fronteras; promover la cooperación entre las Instituciones de Derechos Humanos e impulsar la ratificación de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares en los países integrantes de la FIO.

Los defensores públicos de derechos humanos consideran que el cierre de fronteras, la construcción de muros y los obstáculos policiales a la circulación de las personas migrantes no detiene su intención por alcanzar el destino pretendido, en tanto que los países de destino de los flujos migratorios masivos no hacen esfuerzos significativos para informar a sus ciudadanos de las ventajas de los procesos migratorios, lo que da lugar a que surjan fenómenos xenófobos, sedimentación de preconceptos contra otras culturas y poblaciones de orígenes distintos.

Los ombudsperson integrantes de la FIO subrayan la necesidad de una nueva mirada respecto del tema migratorio desde un enfoque de dignidad humana, teniendo presentes los instrumentos y entendimientos universales sobre la Seguridad Humana y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que posibilite también atender las causas de los flujos migratorios sin olvidar las responsabilidades compartidas de los Estados de origen, tránsito y destino, así como de la comunidad internacional.

Previamente, González Pérez signó un convenio de colaboración con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, institución por la que suscribió el documento el procurador Adjunto para la Defensa de Personas Migrantes y Seguridad Ciudadana, Ricardo José Gómez.

También firmó una carta compromiso para la elaboración e instrumentación de una estrategia conjunta de abordaje de la realidad migratoria en acciones de protección en favor de personas desplazadas, en tránsito, refugiadas y retornadas con el Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, organismo por el cual firmó Roberto Herrera Cáceres, comisionado Nacional de los Derechos Humanos de Honduras.