San Raymundo Jalpan, Oax.- El pleno de la LXI Legislatura del Estado aprobó este lunes con 39 votos de los diputados presentes, como de “urgente y obvia resolución”, un punto de acuerdo para que se suspenda la tarifa de 6.00 pesos en el servicio público de pasajeros en la ciudad de Oaxaca.
Asimismo, se establezca una mesa de diálogo para buscar una tarifa adecuada donde participe la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte del Congreso local, y se determinen compromisos claros y perentorios -que se transparenten y difundan ampliamente- sobre las circunstancias aceptables de seguridad, calidad y eficacia a los usuarios y verificación de emisiones.
El punto de acuerdo está firmado por los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside Emmanuel Alejandro López Jarquín, y fue presentado durante la sesión ordinaria de este lunes de la LXI Legislatura del Estado.
En ella, solicita al gobernador Gabino Cué Monteagudo que por conducto del titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), José Antonio Estefan Garfias, informe con toda la amplitud y precisión necesarias, si el procedimiento por medio del cual se autorizó el aumento al precio del servicio público de pasajeros se realizó bajo los parámetros de la “gobernabilidad democrática” establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo (PED).
En tribuna, López Jarquín, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD), señaló que el servicio público de transporte en Oaxaca se ha caracterizado porque se otorga sin las circunstancias aceptables de seguridad, calidad y eficacia a los usuarios, además de ser una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero.
“Estas circunstancias han sido condicionadas en su mejoramiento en cada aumento de pasaje que se ha autorizado en años anteriores, sin que los concesionarios hayan cumplido con los compromisos asumidos en ese sentido”, subrayó.
Indicó que en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, a partir del 1 de enero del 2013, el precio del servicio público de pasajeros tuvo un aumento del 9 por ciento que se traduce en 50 centavos –de 5.50 a 6.00 pesos–, cuando el salario mínimo general vigente en la entidad ha aumentado apenas un 3.89 por ciento.
Acusó que esa alza se convino de manera unilateral entre la Sevitra y los concesionarios, sin haber observado los parámetros de la gobernabilidad democrática establecidos en el PED.
“Esto ha ocasionado rechazo e irritación entre los usuarios, así como la advertencia de acciones de protesta y resistencia en contra de dicha alza, motivo por el cual se hace necesaria la atención de la problemática por parte del Congreso del Estado”, advirtió.
Luego de señalar que el equilibrio, el diálogo y la coadyuvancia entre los órganos del Poder son un factor determinante para fortalecer el marco de la gobernabilidad democrática, indicó que por ello, en la reforma constitucional integral y en la nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, quedó establecida una obligación para el Gobernador y una facultad para el Congreso local:
“Cuando esta Soberanía lo solicite, el titular del Poder Ejecutivo estatal por conducto del Secretario o del titular del órgano desconcentrado u auxiliar, deberá informar con toda amplitud y precisión necesarias sobre un asunto específico concerniente a sus facultades y competencias”.
En entrevista posterior, López Jarquín reiteró la necesidad de exhortar al titular del Poder Ejecutivo estatal para que suspenda la nueva tarifa autorizada, hasta revisar el procedimiento y los concesionarios cumplan con requisitos mínimos para prestar el servicio de calidad en el Estado.
Dijo que se pretende instalar una mesa de trabajo donde participe el Congreso estatal, a través de la Comisión Permanente de Vialidad y Transporte que preside la diputada Rosalinda Domínguez Flores -del PRD-, en la que estén integradas todas las fracciones parlamentarias.
