* Ajustes a leyes, normativas, procedimientos operacionales que no son menores, fortalecerán el SPA
* Deben incluir urgente capacitación a cuerpos policiacos, ministerios públicos, jueces, abogados así como público en general para conocer sus derechos, señalan expertos
* Hay falta de personal en las instancias de administración, procuración e impartición de justicia en todo el país

Ciudad de México.- Con la visión de que es un tiempo de retos y de que nadie trae la varita mágica para resolverlos, así como los desafíos para encarar temas que lastiman a la sociedad mexicana -como son el crimen, la corrupción e impunidad-, la COPARMEX CDMX abonó a las actividades para fomentar la cultura jurídica de la población en general, como manifestó Jesús Padilla Zenteno en la inauguración del Primer Foro Binacional “Hacia la consolidación del Sistema Penal Acusatorio”.

COPARMEX CDMX a través de su Comisión Jurídica y de Normatividad, presidida por Gerardo Gámez Pacheco, convocó la presencia y participación de expertos en la materia provenientes de los sectores, académico, judicial, policial, de derechos humanos y del entorno en el que se estableció el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y de la Reforma Constitucional que tuvo origen en 2008 y acabó por asentarse en el país apenas en junio de 2016.

“No debemos dejar de insistir en la parte que nos corresponde, trabajamos también para que le vaya bien a México, y a México significa que a todos, no solamente a los que impulsamos la promoción y difusión del empleo, sino también a nuestros colaboradores, y a nuestro entorno”, señaló el presidente de Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (COPARMEX CDMX), Jesús Padilla Zenteno.

Participaron Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal; María de los Ángeles Fromow Rangel, ex titular de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; Diana Cristal González Obregón, asesora del secretario de Seguridad Pública de la CDMX; Guillermo Terán Pulido, subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGJCDMX, y Alejandra Londoño Jaramillo -de origen colombiano-, investigadora del SPA en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

Pérez Daza señaló que entre los ajustes a resolver dentro de la perfectibilidad del Sistema Penal Acusatorio, se encuentra una antinomia entre los artículos 126 y 127 de la Ley de Amparo en la que “el legislador se equivocó”, dijo el jurista.

Porque hizo percibir a la sociedad que al otorgar el amparo en contra o a favor de las extradiciones, pareciera que el juzgador se pronuncia por la culpabilidad o inocencia del requerido y no es así, “es sólo una opinión respecto a si es o no ‘legal o procedente’ la extradición, ya que los 31 países con los que México tiene acuerdos de extradición contemplan el cabal cumplimiento del proceso y derechos del requerido”.

En opinión de Pérez Daza debe reformarse el artículo 126, pues ha habido muchos asuntos en los que no se ha podido entregar en extradición, ya que sólo se puede extraditar cuando se ha dictado sentencia al requerido. Esta propuesta todavía no llega al Legislativo y se encuentra en análisis y discusión sólo en el ámbito académico, así como la revisión a nuestros Tratados de Extradición, señaló.

Fromow Rangel, quien fungiera como titular de la Secretaría Técnica para la Implementación del nuevo Sistema Penal Acusatorio, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, insistió en lo que ya ha sido su tema recurrente: la urgente necesidad de lograr la completa coordinación de todos los actores con el SPA, desde los policías, pasando por peritos, ministerios públicos y jueces.

Indicó que existe en los medios la percepción de que hay “puerta giratoria” para los delincuentes… como que antes de los derechos de la víctima están los del delincuente.

“La realidad es que en un año nueve meses que tiene de haberse echado a andar el SPA no tenemos indicadores cuantitativos que señalen en qué reside la falla. Por ejemplo, en las medidas cautelares, porque carecemos de un registro a nivel país donde un indiciado tenga un reporte de riesgo de modo tal que el juez de su caso en “x” localidad pueda determinar si le impone prisión preventiva o no”, apuntó la también académica del Derecho.

“Faltan acciones del qué hacer para que el sistema opere. Tenemos falta de personal en las instancias de procuración e impartición de justicia en todo el país. Y un papel fundamental del Sistema es el respeto de los derechos en igualdad de circunstancias tanto de la víctima como del imputado”, agregó Fromow Rangel.

Por eso es tan importante que los actores tengan conocimiento de cómo abonarán a una integración correcta y legal de las carpetas de investigación al conocer y, por lo tanto, observar los protocolos de operación. Y, también que haya divulgación para que las víctimas sepan y ejerzan los derechos de los que el SAP dota de manera clara y contundente según dijo la experta.

En representación de Hiram Almeida Estrada, secretario de Seguridad Pública de la CDMX, presentó su ponencia la doctora Diana Cristal González Obregón, quien además fue asesora en Sistema Penal Acusatorio y entre su experiencia participó en la redacción y análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ella habló sobre los “Retos y desafíos del 1er respondiente”, esto es, la policía como punto toral, pieza clave para el avance rápido, coordinado y científico del caso.

“La policía es la que conoce e informa de todos los hechos sucedidos, recaba los indicios y sigue la cadena de custodia. En el nuevo sistema aporta los medios de prueba con legalidad y se convierte en testigo idóneo en el momento del juicio, además de aportar las evidencias documentales y materiales que permiten al Ministerio Público incorporarlas como medio de prueba”, dijo la doctora González Obregón.

Insistió en que los desencuentros entre la policía como primer respondiente y los fiscales o ministerios públicos van siendo subsanados en la medida que se capacita al policía y a los diversos actores dentro del SPA, coincidió con los demás ponentes.

Además, dijo, se debe analizar y reconocer la importancia en las funciones que le permiten a nuestra policía el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a partir de éstas se establecen funciones claras que permiten a la policía actuar de manera pronta y oportuna en el avance de las investigaciones, pero se necesita reconocer la importancia en la participación de nuestra policía e intensificar esfuerzos en su capacitación en primer respondiente, cadena de custodia e informe policial homologado.

Proveniente de Colombia, Londoño Jaramillo, investigadora del Sistema Penal Acusatorio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), señaló que desde los años 90 surgió en América Latina un afán de reflexión sobre los cambios en la administración y procuración de justicia.

Dijo que en las técnicas de litigación se ha incorporado el método similar al de los Estados Unidos de Norteamérica a los sistemas acusatorios de la región, lo que equivaldría a un 20 por ciento del SPA, pero que el resto, 80 por ciento, proviene de la tradición de Europa continental y que en apenas una década de trabajar con estos cambios, seguirá teniendo ajustes.

“No hay sistema de procuración, impartición, ni administración de justicia perfectos; Estados Unidos tiene 200 años con este sistema y sigue haciendo ajustes”.

El diputado de Morena, Jesús Valencia Guzmán, asistente al Foro convocado por la COPARMEX CDMX, señaló en entrevista que aunque el SPA no es el ámbito de su injerencia, sí lo es el observar y señalar el presupuesto que se le otorgue en el próximo ejercicio: “Si estoy viendo que hace falta dinero y que a pesar de los 14 mil millones de pesos que se le han otorgado, hay que revisar cuánto más se necesita a fin de hacer funcionar el SPA.

A su vez, Terán Pulido hizo un recorrido de cómo fue la reforma constitucional y ha sido la implementación del SPA en la CDMX y el resto del país, para coincidir en que la construcción de criterios debe ser tal para que la flagrancia, por ejemplo, pueda ser debidamente probada a través de técnicas de investigación que abonen a una eficaz creación de la carpeta de investigación.

También, señaló la importancia de que los ministerios públicos observen el “debido proceso”, para que los casos sean transparentes y cuenten con valoración probatoria de progresividad y convencionalidad, que en un estado democrático proveen de licitud a los procesos. Sin embargo, señaló, “hay que hacerlo más amigable”.

Al clausurar, Gerardo Gámez dijo que la COPARMEX CDMX seguirá trabajando para que la sociedad mexicana posea los instrumentos de conocimiento para conocer sus derechos y así sumar intereses de todos.