Oaxaca de Juárez, Oaxaca.- Al participar en la presentación del “Informe Oaxaca. Trata de Personas en Estados y Municipios”, realizado por del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM), Bernardo Rodríguez Alamilla, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), afirmó que este delito es uno de los más crueles que afecta principalmente a niñas, adolescentes y mujeres.

Ante Alicia Mesa Bribiesca y Paola Solano, directora e investigadora del CAM, respectivamente, así como Yésica Díaz Cruz, representante de Luna del Sur, el ombudsperson afirmó que la colaboración con la sociedad civil, permite crear sinergias que coadyuvan con la atención de distintas problemáticas.

Ante ello, reconoció al CAM por el proceso de investigación que permitió la elaboración del informe, el cual dimensiona y visibiliza la violencia que implica la trata de personas.

Luego de señalar que las víctimas de este delito ven vulnerados sus derechos más elementales, como a la libertad y a una vida libre de violencia, además de sufrir estigma y discriminación, apuntó que el informe presenta luces sobre las acciones que deben implementar autoridades estatales y municipales, a través de un trabajo interinstitucional y dentro de un marco federal que permita hacer frente a la situación.

Rodríguez Alamilla reiteró que las autoridades deben continuar y fortalecer los programas de prevención para alcanzar a la mayor cantidad de población posible, mientras los municipios en los que se detectó trata, deben poner en acción programas que permitan la detección, denuncia y atención como habilitar una línea de atención específica a víctimas o testigos del delito y difundirla, para que estos tengan conocimiento de ella, tengan asesoría psicológica y legal.

Por su parte, Mesa Bribiesca dijo que Oaxaca cuenta con la Ley para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, pero carece de un programa de trata de personas.

Detalló que, de acuerdo con lo reportado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), se tiene actualmente 14 carpetas de investigación por el delito de trata, y que habían atendido a nueve víctimas durante el 2020, cuatro de ellas menores de edad, mientras que en el 2019 atendieron a 11 mujeres y un adolescente.

El informe da cuenta de la falta de personal para atender el problema de trata en la entidad, y la carencia de presupuesto para poder realizar acciones o políticas públicas, además de que hace falta que se establezca la Comisión de Atención a Víctimas o un fondo de apoyo, que permita establecer una política pública acompañada de infraestructura que brinde atención y realice acciones en favor de las víctimas, agregó.

Mesa Bribiesca añadió que es necesario que Oaxaca al ser un lugar de tránsito, destino que las autoridades deben conocer plenamente sus responsabilidades al atender el problema, además es necesario actualizar los protocolos de atención de Oaxaca de víctimas, especialmente en casos de emergencia.

A su vez, Solano expuso que en el Informe documentaron municipios con alta incidencia de trata de personas, por ejemplo, Huatulco en donde detectaron la presencia de turismo sexual, así como Salina Cruz lugar que es utilizado por organizaciones internacionales como punto de entrada al país de personas víctimas de explotación.

En su intervención, Irma González Espinosa, titular del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas en Oaxaca, explicó el proceso de atención, medidas de apoyo y reparación que esa institución brinda a las víctimas de este delito, además de informar sobre el rol del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas, el cual coordina los esfuerzos para prevenir y combatir este delito en la entidad.

Para atender el problema de trata de personas es necesario un trabajo colaborativo entre de autoridades estatales y federales, organismos defensores de derechos humanos, pero también es urgente brindar a la sociedad información que le permita identificar este delito y que promueva la denuncia, expresó González Espinosa.

En tanto, Díaz Cruz indicó que es necesario hacer énfasis en la necesidad que tiene la entidad en materia de atención y protección a las víctimas de trata de personas, pues no existe un presupuesto específico que permita aplicar correctamente políticas públicas, tal y como se señala en el Informe.

Apuntó que debe haber un seguimiento y avances reales en la creación de la Comisión Estatal de Víctimas, pues es la instancia obligada a brindar atención y medidas de reparación a las personas víctimas de trata.