Guatemala.- La coalición de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Gran Alianza Nacional (GANA) presentaron un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dirigido al Registro Ciudadano (RC), ante su decisión de rechazar la candidatura a la Presidencia de Guatemala de Sandra Torres, ex esposa del actual mandatario, Álvaro Colom.

Los abogados de la alianza presentaron el recurso en la tarde de este jueves, a fin de apelar el dictamen que negó la inscripción de la precandidata en la tarde de este miércoles.

Los magistrados del TSE cuentan con tres días para resolver sobre la materia.

La resolución que negó la inscripción de Torres se sustentó en el artículo 186 de la Constitución y el artículo 4 de la ley del Organismo Judicial.

La Constitución en ese país prohíbe la postulación a la Presidencia de “los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia”.

En tanto, el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial establece que “los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se considerarán ejecutados en fraude de Leu y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir”.

Sandra Torres logró divorciarse de Álvaro Colom en abril pasado, en medio de un escándalo por sus intenciones de ascender al Poder, que llevó a esta separación.

De acuerdo con la resolución, “el fraude de ley, por el divorcio que se llevó a cabo, en el presente caso está plenamente consumado, ya que la intención del mismo fue evadir la prohibición constitucional relacionada, con el agravante de que la Ley que se trata de burlar es la propia Constitución”.

No obstante, la misma no es definitiva, por lo que aún el oficialismo cuenta con mecanismos para alcanzar la postulación de su única candidata.

En caso de que el pleno de magistrados ratifiquen el fallo del RC, entonces podrán elevar la medida al plano judicial, a través de la Corte Suprema de Justicia, inclusive mediante la Corte de Constitucionalidad.