Lo anterior, en el marco de varias visitas de trabajo a diversos centros penitenciarios federales y estatales en el país que integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores comenzaron con recorridos en la Penitenciaría y en el Centro de Reclusión Femenil de Santa Martha Acatitla, en el Distrito Federal.
Durante el recorrido se constató que la población existente en la Penitenciaría es de dos mil 802 internos, cifra que excede más de tres veces la capacidad máxima para el que fue construido el centro (800 internos).
En el Centro Femenil de Readaptación Social, la situación no es menos complicada para las mil 684 internas, quienes además de la pena que les ha sido impuesta, deben enfrentar agresiones y violaciones a sus derechos humanos en razón de su condición de género.
“Hacinamiento; servicios médicos deficientes; deplorables condiciones materiales e higiénicas de los dormitorios y comedores; personal de seguridad y custodia insuficiente y mal capacitado, entre muchos otros factores negativos, son las consecuencias naturales de la sobre población”, denuncia la senadora.
En este contexto, y con un incipiente proceso de elaboración y análisis de una nueva ley de ejecución penal que buscará ajustar a los estándares más altos en materia de derechos humanos la realidad al interior de los centros de reclusión, la senadora De la Peña considera indispensable que los integrantes de comisión conozcan de primera mano y en voz de las y los reclusos, las condiciones reales que prevalecen y que en los hechos se convierten en el principal obstáculo para la reinserción social de las personas privadas de su libertad.
“Se ha pretendido abatir los altos índices de criminalidad aumentando la duración de las condenas y sumando penas por diversos delitos, lo cual resulta en sentencias muy largas que llevan a las personas a no tener incentivo alguna para trabajar en su proceso de reinserción a la sociedad. Hay sentencias de hasta 200 y 500 años de prisión”.
Por otro lado, a nivel federal, más del 90 por ciento de la población sentenciada tiene una condena promedio de 15 años. Lo anterior significa que en 15 años recuperarán su libertad más de 200 mil personas que estarán profundamente resentidas por los abusos y vejaciones sufridos durante su estancia en la prisión.
“Este es el tamaño del reto que tenemos en frente. Garantizar el elemental respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad es una obligación del Estado y una inversión que tiene como objeto proteger a la sociedad”.
La corrupción se encuentra en todos los ámbitos al interior de la Penitenciaría y en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, registrándose cobros por parte de los custodios para protección, asignación de estancia y plancha para dormir, pase de lista, mantenimiento de los dormitorios, alimentos, servicio médico, servicio de áreas técnicas, medicamentos, uso de teléfono, visitas, por acceso a actividades laborales, educativas y deportivas, por no realizar labores de limpieza y por no cumplir una sanción administrativa.
“Es obvio que los derechos humanos no son respetados en ningún momento. La actual política es una política de castigo, de violencia, no de reinserción social”.
Las autoridades han sido rebasadas por los fenómenos de sobrepoblación y corrupción, dejando de lado la aplicación de normas nacionales e internacionales, incluso permitiendo el cogobierno con los internos, por lo que resulta urgente legislar en materia de ejecución penal, apunta la senadora, y agrega “debemos favorecer penas alternativas a la privación de la libertad, establecer un programa integral de pre liberaciones y redefinir la concepción que se tiene de la reinserción social”.
Las visitas a los centros penitenciarios federales (Ceferesos) y centros estatales (Ceresos) continuarán realizándose conjuntamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues para la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República la aprobación de una ley que ponga orden y garantice el respeto a los derechos humanos al interior de los centros penitenciarios es un asunto de la más alta prioridad.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos expresa su mejor disposición de contribuir en el mejoramiento de las instituciones públicas, a efecto de promover, conforme a su mandato, el respeto, difusión y observancia de los derechos humanos, de acuerdo a la aspiración contenida en la Constitución Política.
