Las personas migrantes suelen sufrir violencia extrema, tortura, violación y secuestro a manos de los traficantes de personas durante la travesía o los periodos de cautiverio que llegan a padecer entre su país de origen y el destino al que intentan llegar en busca de una vida mejor.

A pesar de la gravedad de estos delitos, la respuesta de las autoridades en la materia es escasa y, peor aún, en algunos casos, los funcionarios son cómplices de estos abusos.

Estas son algunas de las principales conclusiones de un estudio publicado por la Sección de Trata de Seres Humanos y Tráfico Ilícito de Migrantes (HTMSS) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) que se centra en las rutas de tránsito de África Occidental y Septentrional, el Mar Mediterráneo y América Central.

El informe Abuso y abandono – Una perspectiva de género sobre el tráfico ilícito de migrantes agravado y la respuesta también se centra en los diferentes tipos de violencia infligida a hombres y mujeres y presenta los factores y motivaciones subyacentes que conducen a los atropellos que agravan el delito de tráfico ilícito migrantes.

“Nuestra investigación demostró que la violencia es utilizada por las personas traficantes u otros autores como una forma de castigo, intimidación o coerción, y a menudo infligida sin razón aparente”, dijo Morgane Nicot, directora del equipo de desarrollo del conocimiento de la Sección de Trata de Seres Humanos.

“Descubrimos que los hombres migrantes son sometidos principalmente a trabajos forzados y violencia física, mientras que las mujeres están más expuestas a la violencia sexual, lo que provoca embarazos no deseados y abortos. Todos los géneros pueden sufrir un trato inhumano y degradante”, añadió.

Cómo operan los traficantes

El tráfico de migrantes es una actividad delictiva que consiste, a cambio de un pago para el traficante, en organizar cruces fronterizos de manera ilícita para personas que están desesperadas por abandonar sus países de origen pero que encuentran barreras en el acceso a medios lícitos para emigrar.

Estas personas pueden huir de una catástrofe natural, un conflicto, persecución o violencia de género. También pueden ser motivadas por la necesidad de oportunidades de empleo, educación y reagrupación familiar.

La profesora Gabriela Sánchez, investigadora de Justicia Criminal de la Universidad Texas A&M International, afirmó durante la presentación del informe que no todo el tráfico es llevado a cabo por redes.

“El tráfico de migrantes es facilitado por personas, hombres y mujeres que se organizan de maneras muy variadas. En Centroamérica, éstas pueden ir desde personas operando de manera individual y realizando actividades como transportar personas en sus propios autos, albergarlos en sus casas, y de grupos de personas indígenas o desplazadas que generan recursos de su conocimiento del territorio, hasta grupos con recursos que permiten transportar personas por aire y con documentos oficiales, legítimos”, expuso.

Poca información

Aunque está documentado el trágico destino de los miles de personas migrantes objeto de tráfico ilícito que cada año mueren en el mar, perecen en los desiertos o se asfixian en los contenedores, hay poca información disponible sobre los motivos de los actos de violencia y los abusos a los que se somete a los inmigrantes, el impacto que esto tiene en ellos y cómo lo manejan las autoridades. 

“Por eso decidimos llevar a cabo esta investigación. Nuestro estudio también analiza la forma en que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley responden a los casos de tráfico ilícito agravado y pone de relieve las dificultades que se enfrentan en la persecución de estos delitos”, explicó Nicot.

Las extensas entrevistas realizadas a las personas migrantes traficadas y los reportes de los socios de la UNODC que trabajan directamente con las personas migrantes víctimas de abusos confirman que el uso de la violencia está muy extendido en determinadas rutas de tráfico ilícito.

Sin embargo, hay pocas pruebas de que estos delitos den lugar a investigaciones o procedimientos judiciales, especialmente en los países de tránsito donde se cometen.ACNUR / Marta MartínezUna venintena de mujeres centroamericanas han pintado un mural en Tapachula, México, para marcar los 16 días de activismo contra la violencia de género.

Miedo a denunciar

Algunas personas migrantes son reacias a denunciar los abusos por temor a ser tratadas como delincuentes por su estatus migratorio irregular o por haber abortado, mantenido relaciones sexuales fuera del matrimonio o con miembros del mismo sexo, actos que están penados en algunos países.

“Las personas migrantes tampoco denuncian porque una parte importante de los abusos provienen de funcionarios públicos implicados en la operación de tráfico de migrantes”, detalló Nicot.

De acuerdo con Carlos Pérez, Oficial de Prevención del Delito de UNODC, como consecuencia de las restricciones de la pandemia de COVID-19 y de los huracanes a finales de 2020, en algunos países de América Central las rutas y la actividad de las redes de traficantes se han hecho más complejas, incrementando los riesgos de violencia y abuso, y agravando la concurrencia de otros delitos conexos sobre las personas migrantes.

“Las dificultades encontradas por los traficantes en las rutas han configurado un delito en el cual el crimen organizado se aprovecha de las dinámicas de las comunidades locales en una forma de mercantilización y control de la ruta”, apuntó Pérez.

Precisó las comunidades nativas y las poblaciones en situación de desplazamiento son algunos de los colectivos “instrumentalizados por las redes para facilitar los cruces y el paso terrestre y sacar provecho del conocimiento territorial de los cruces fronterizos.”

El estudio ofrece orientación a los profesionales de la justicia penal sobre cómo investigar y enjuiciar los casos de violencia y abuso durante las operaciones internacionales de tráfico ilícito de migrantes, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de seguridad y vulneraciones de derechos relacionadas con el género de las personas migrantes.

También enumera una serie de recomendaciones para que los Estados miembros de la ONU respondan con eficiencia al tráfico ilícito de migrantes y, al mismo tiempo, protejan a esas personas y procesen ante la justicia a más traficantes para terminar con la impunidad que rodea estos delitos.