* Es la mejor respuesta a lo sucedido en los procesos electorales en 14 estados el pasado 7 de julio
* Si las cosas continúan como hasta ahora, la fractura del tejido social llevaría a escenarios de ingobernabilidad que nadie desea
México, DF.- Las jornadas electorales del pasado 7 de julio, en 14 entidades del país, reflejan la urgente necesidad de avanzar desde el Congreso de la Unión en una verdadera reforma política, señaló el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa Huerta.
Dicha reforma, agregó, debe fortalecer el modelo de pesos y contrapesos en el ejercicio de la función pública, dotar de mecanismos de prevención y sancionatorios a las instancias electorales y, sobre todo, profundizar la participación de la ciudadanía en las tareas y quehaceres públicos.
En caso contrario, si las cosas continúan como hasta ahora, la fractura del tejido social llevaría a escenarios de ingobernabilidad que nadie desea.
Existen signos que denotan en la actualidad la desconfianza de la ciudadanía en sus autoridades, y la suplantación de las funciones públicas a través, en el mejor de los casos, de organizaciones propias, dimanadas de la sociedad, y en el peor, de grupos que operan contra la ley, desde la delincuencia organizada.
“Las viejas prácticas no se han ido nunca, sólo han agudizado la crisis de representatividad que tienen las autoridades en nuestro país, ante los escenarios de manipulación electoral, que se dan antes, durante y después de los procesos electivos”, señaló Barbosa Huerta.
Algunas de las prácticas que se repitieron a los largo de dichos procesos electorales hasta el hartazgo, fueron la intervención de las autoridades federales y locales, que buscaron influir indebidamente en la elección de lo que denominan “su estado” o “su municipio”; la compra y coacción del voto ciudadano; el rebase notorio de los topes de campaña; la inequidad de los procesos; y el manejo parcial de medios de comunicación a favor de candidatos “oficiales”.
La mención que a veces se asoma como justificadora, de que son prácticas comunes en todos los estados, no legitima los hechos, sino antes bien da cuenta de una subcultura democrática que urge desterrar en el país, como una asignatura directamente vinculada con la gobernabilidad democrática.
Barbosa Huerta mencionó que podemos afirmar con certeza, que las elecciones recientemente celebradas en 14 entidades de la República Mexicana no pasan la prueba democrática, pues la misma exige de requisitos mínimos que en este caso no se cumplieron.
Sin embargo, la cuestión no es quedarse sólo en la denuncia, o en el llamado hueco al “respeto a los resultados oficiales”, sino asumir la responsabilidad que tenemos quienes contamos con atribuciones para generar cambios positivos a favor del país.
Es en ese tenor en el que se ubica la tarea que corresponde a las y los legisladores del Congreso de la Unión para trabajar en una verdadera reforma política, que sea una respuesta concreta para fortalecer los mecanismos que blinden nuestra frágil realidad democrática, del acecho constante del abuso y la impunidad, que tanto daño le han hecho a México.
Se debe de asumir que nuestro modelo institucional no corresponde con las necesidades que tiene un país democrático, en el que sus poderes públicos llevan a cabo sus funciones de manera plena, transparente hacia la sociedad y sobre todo con prevenciones eficaces que evitan el avasallamiento de un poder sobre los otros y de las medidas que doten de equilibrios eficaces a los distintos niveles de gobierno, dentro de una República Federal como la nuestra.
Por ello, indicó el coordinador de los senadores del PRD, debemos transitar hacia una nueva generación de reformas en materia política, que constituyan un avance sustancial a nuestro diseño de país democrático.
Fue con ese propósito que el 27 de mayo pasado se anunció el inicio de los trabajos para la elaboración de una iniciativa de reforma política de gran calado, entre el PRD y el PAN, misma que en los próximos días será presentada con toda formalidad ante el Congreso de la Unión.
Para ello, se llevaron a cabo audiencias públicas con especialistas en cada uno de los temas, cuyo resultado es una reforma política transformadora, de gran calado, que involucra 31 temas, agrupados en las propuestas siguientes:
Fiscalizar los gastos electorales, bajo el principio de oportunidad, para evitar la asunción del cargo del candidato infractor, así como la nulidad de las elecciones por dicha causa, y el impedimento de los transgresores para participar en el proceso subsecuente; y, prevenir el conflicto de intereses de candidatos con grupos económicos preponderantes, destinatarios de la norma.
Además, fortalecer el esquema sancionatorio penal, con descripciones más precisas y mayores penas según la gravedad del delito; regular las encuestas en las campañas, para asegurar que sean ejercicios profesionales e impecables en cuanto a su metodología; asegurar la igualdad de representación de hombre y mujeres en los cargos electivos; reglamentar la participación de candidatos independientes, los mecanismos de consulta popular como el referéndum, el plebiscito y las iniciativas ciudadanas ante el Congreso de la Unión.
Asimismo, establecer la segunda vuelta electoral, que fortalezca la legitimidad del candidato que resulte electo; crear la figura de gobiernos de coalición, que incluye la designación por parte del Congreso de la Unión de un Jefe de Gabinete; dotar de competencia al Congreso para la moción de censura, y las sesiones de control efectivo hacia el poder ejecutivo; crear la figura de iniciativa razonada; dotar de autonomía constitucional de la PGR Y FEPADE; dar competencia al Congreso para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad y los tratados internacionales en materia de seguridad; establecer la reelección legislativa y de autoridades municipales; y eliminar el fuero o inmunidad procesal a altos funcionarios.
Emplazamos a los actores políticos y al gobierno federal a discutir de manera transparente, con responsabilidad, altura de miras y de cara a la sociedad la propuesta que se presentará en los próximos días, pues lo que está en riesgo no es menor, se trata de responder con hechos concretos al reclamo ciudadano de mayor democracia frente a las autoridades públicas, como la manera idónea de encauzar la solución de los problemas que aquejan a la sociedad.
En caso contrario habremos de incumplir con nuestra responsabilidad histórica.