Al rendir su tercer informe de labores ante el pleno de la LXI Legislatura del Estado, señaló que urge agregar a la Ley estatal un apartado con sanciones para quienes la incumplan.
Por ello, solicitó, al Congreso de Oaxaca, establecer un convenio de colaboración a fin de que este poder del Estado se comprometa en la aplicación de la Ley en la materia vigente, analizando a fondo su contenido y operatividad, para proponer las adecuaciones que le permitan avanzar en la consolidación de la cultura política de la Transparencia en Oaxaca.
Subrayó que la Ley debe considerar como “falta grave” la negativa de los servidores públicos a cumplir con su obligación de proporcionar datos y explicaciones de su gestión a quien se lo solicite y en tal sentido, las sanciones podrían ir desde una amonestación hasta la inhabilitación o destitución.
El tercer informe anual del IEAIP detalla que en el 2010, los Sujetos Obligados de la Ley de Transparencia en Oaxaca recibieron tres mil 218 solicitudes de información, de las cuales, dos mil 900 fueron presentadas a través del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), y 318 por escrito de manera física.
De estas tres mil 218 solicitudes de información, mil 621 fueron dirigidas al Poder Ejecutivo, 159 al Poder Legislativo, 177 al Poder Judicial, 499 a los Órganos Autónomos y 762 a Municipios. De los 570 municipios considerados Sujetos Obligados por la Ley de Transparencia, los más cuestionados fueron: Oaxaca de Juárez, con 118; Juchitán de Zaragoza, con 22; Ánimas Trujano, con 21; y Tlalixtac de Cabrera, con 16.
Los Ayuntamientos más renuentes en dar respuesta en 2010 fueron: Juchitán de Zaragoza, Salina Cruz, Santa Cruz Xoxocotlán, Tuxtepec y Santa Lucía del Camino.
