La alta comisionada adjunta sobre protección de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) denunció este jueves la “presión sin precedentes” a la que se enfrentan las personas desplazadas en Centroamérica y México y exigió un reparto urgente de las “responsabilidades regionales”.

Tras finalizar una misión de dos semanas en la región, Gillian Triggs, señaló que esta tensión se debe al aumento del número de personas que solicitan protección internacional en un momento en el que se limita el acceso al asilo y al territorio debido a “preocupantes restricciones fronterizas”.

 ” Centroamérica y México a la que está sometida la región debido a los crecientes flujos de refugiados y migrantes. Los gobiernos y la sociedad civil están haciendo esfuerzos extraordinarios para hacer frente a estos desafíos”, dijo Triggs.

 La alta comisionada adjunta destacó la necesidad de que los Estados no sólo proporcionen protección a los refugiados, sino de que también ofrezcan otras salidas a los migrantes a través de la educación, la movilidad laboral, la reunificación familiar y otros procesos de inmigración. “Las diferentes necesidades requieren de diferentes respuestas”, destacó.

 Al mismo tiempo, expresó su profunda preocupación por las recientes “prácticas fronterizas restrictivas en la región”, por las que las personas y las familias con necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que huyeron en sus países de origen en Centroamérica, y sin posibilidad alguna de que se atiendan o evalúen sus necesidades.
 

ACNUR llamó recientemente al gobierno de Estados Unidos a finalizar las restricciones de asilo relacionadas con la orden de salud pública relativa a la COVID-19 y conocida como Título 42, bajo la cual se producen estas expulsiones, y a restablecer el derecho a la solicitud de asilo en Estados Unidos. 

“Todos los países han acordado compartir la responsabilidad de proporcionar protección a quienes huyen del peligro y la persecución, en lugar de transferir ese deber“, apuntó Triggs.

Seis países centroamericanos y México trabajan codo a codo con el sector privado y la sociedad civil, con el apoyo de los países donantes, bajo el Marco Regional de Protección y Soluciones (conocido como MIRPS) con el objetivo de compartir este cometido. El Marco pretende abordar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región y actualmente está liderado por Guatemala.OIM Guatemala/Melissa VegaCentro de acogida para la población retornada, situado cerca del aeropuerto de la fuerza aérea guatemalteca, en Ciudad de Guatemala.

Viaje a Guatemala y El Salvador

 En Guatemala, Triggs colaboró en el lanzamiento de un programa codirigido por ACNUR y la Secretaría del Gobierno guatemalteco sobre violencia sexual, explotación y tráfico de personas.

 El objetivo del proyecto es prevenir este tipo de delitos en zonas remotas del país mediante el uso de unidades móviles que llevarán información sobre derechos y servicios a donde la gente más los necesita.

 En El Salvador, la alta funcionaria se interesó por los innovadores enfoques comunitarios dirigidos por el gobierno para prevenir la violencia y empoderar a los jóvenes de las comunidades en riesgo.

 “Crear las condiciones para que la gente se sienta segura y protegida en sus hogares es un paso esencial para abordar las causas fundamentales que impulsan a la gente a huir en esta región”, afirmó.© ACNUR/Daniel DreifussEsta familia de El Salvador tuvo que huir de la violencia en su país.

 También celebró el compromiso de la nación centroamericana de actualizar el perfil de la población desplazada con el fin de impedir los desplazamientos e informar de las respuestas a nivel comunitario.

 México se enfrenta actualmente a una cifra récord de nuevas solicitudes de asilo que este año podría superar las 100.000.

 A medida que aumenta el número de refugiados, desplazados internos y retornados con necesidades de protección, ACNUR continúa apoyando a los gobiernos para reforzar los sistemas de asilo y protección.

 La Agencia de la ONU también colabora en la integración de las personas en sus países de asilo por medio de empleo, educación y ayuda psicosocial, con la participación de la sociedad civil. Por ejemplo, en México se han beneficiado de estas iniciativas de integración local más de 12.000 personas.