• Las autoridades estatales y federales impartidoras de justicia no dan señas de avances en las investigaciones

• Hay 60 desplazados y decenas de lesionados que viven amenazados por el grupo paramilitar que encabeza el agente municipal de Huazantlán del Río, San Mateo del Mar

Miguel A. Luna

Oaxaca, Oaxaca, 21 de julio de 2020 Ante el nulo avance en el  esclarecimiento de 15 homicidios perpetrados el pasado 21 de junio del presente años (2020) en la masacre de la agencia municipal de Huazantlán del Río, perteneciente al municipio de la etnia Huave de San Mateo del Mar, en el istmo de Tehuantepec los familiares de las víctimas y los sobrevivientes acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales para exigir justicia, en virtud que las autoridades estatales y federales han ‘alentado y minimizado los graves acontecimientos”.

Señalan como presuntos responsables de ellos al agente municipal, José Luis Chávez Salinas, quien presuntamente es apoyado por Adelfo Regino Montes, director general del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI)  y Anabel López Sánchez, actual coordinadora de Transversalidad y Operación Regional del INPI y directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña, durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo

De viva voz los sobrevivientes de la masacre narraron como fueron golpeadas, torturadas y calcinadas dos mujeres (una de ellas era la joven madre de familia Okass Marissa Rangel Oviedo); además de 13 hombres, mientras que resultaron lesionadas 16 habitantes de Agua San Juan del Río, Colonia Juárez, Costa Rica Laguna, Santa Cruz y primera sección de San Mateo del Mar, quienes mantenían tomada las  oficinas de la  agencia municipal de Huazantlán del Río.

Sostuvieron que la Guardia Nacional no salvaguardó la vida y los derechos humanos de los indígenas Ikoots cuando fueron agredidos por parte de gente afín a José Luis Chávez; sólo fueron testigos mudos de la barbarie acontecida.

Y es que los manifestantes mantenían una protesta ante el abuso de autoridad que cometió el 2 de mayo, por el supuesto agente municipal José Luis Chávez Salinas, (militar retirado) junto con Camerino Dávalos Larrinzar, Pedro Dávalos Larrinzar, y más integrantes de un grupo paramilitar identificado con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), golpearon a hombres mujeres y niñas quienes fueron sacados de sus domicilios para ser encarcelados golpeados y torturados; las mujeres fueron vejadas según lo manifestaron las propias víctimas, así lo denunciaron en la ciudad de Oaxaca en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

Este hecho fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que preside Rubén Vasconcelos Méndez. Sin embargo, hasta el momento no habido resultados de esta agresión por lo que deducen que José Luis Chávez Salinas es protegido de este órgano de impartición de justicia.

Tan es así, que a un mes del artero asesinato de 15 de sus paisanos se ha aletargado el avance de la investigación, todo porque el propio agente municipal presume de las influencias que disfruta de funcionarios públicos como Adelfo Regino Montes, titular del INPI y Anabel López Sánchez, funcionaria del organismo.

Así como de organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles asesoradas por el antropólogo Alejandro Castaneira Llee Ven.

Hasta hoy se tienen contabilizados 15 muertos, 60 desplazados y decenas de lesionados.

Las víctimas denunciaron que agentes estatales de investigación entre ellos Héctor Federico  Vázquez Altamirano y Héctor Miguel Torres Cervantes, los han intimidado y hostigado  para evitar que declaren sobre los acontecimientos mientras que, los policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública, Rufino Vásquez González Víctor Figueroa y Armando Rangel oriundos de San Mateo del Mar brindan protección a los presuntos responsables sin que sean molestados a pesar de que el grupo armado de Laura Fiallo Sandoval y Camerino Dávalos Larrinzar, recorren las calles del municipio portando armas de: fuego sembrando el terror obligando a las familias enteras a emigrar a otros municipios.