El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó a las 22:45 horas, en lo general, con 454 votos a favor, 13 en contra y 4 abstenciones, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, que contempla un monto total de 3 billones 438 mil 895.5 millones de pesos.
Del gasto neto total se destinarán para los ramos Autónomos 59 mil 806 millones 749 mil 098 pesos; Administrativos, 860 mil 804 millones 157 mil 514 pesos, y Generales, un billón 635 mil 67 millones 874 mil 833 pesos, y para Entidades Sujetas a Control Presupuestario Directo, un billón 160 mil 231 millones 559 mil 521 pesos.
El presidente del órgano legislativo, Luis Videgaray Caso (PRI), destacó que se dio una reasignación neta de 98 mil 635 millones de pesos, fondeada con el incremento de los impuestos en la Ley de Ingresos y con reducciones al gasto corriente del gobierno Federal.
Es decir, explicó, se hicieron reducciones por 38 mil 600 millones de pesos en diferentes rubros del gasto corriente al proyecto enviado por el Ejecutivo.
Mencionó que del monto total de reasignaciones, entre otras, se hizo una ampliación de 33 mil 800 millones de pesos a los programas del campo dentro del Programa Especial Concurrente (PEC); en el rubro de carreteras se aplicó una ampliación de 18 mil 300 millones de pesos mientras que en materia hidráulica el aumento fue por 9 mil millones de pesos.
Dijo que la Comisión de Presupuesto avaló un déficit público presupuestario de 70 mil 176 millones de pesos para el próximo año; así como 240 mil 178 millones de pesos destinados al pago de la deuda pública.
De acuerdo al Decreto aprobado por la Comisión, el PEF 2011 establece para los ramos autónomos 59 mil 806 millones de pesos, de los cuales, 10 mil 170 millones son para el Poder Legislativo, 3 mil 585 mdp para la Cámara de Senadores; 5 mil 253 mdp para la de Diputados y para la Auditoria Superior de la Federación se avaló un gasto de mil 332 mdp.
En lo que se refiere a lo aprobado para el Poder Judicial, los recursos ascienden a 38 mil 035 mdp, de los que 4 mil 653 millones de pesos son para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; al Consejo de la Judicatura Federal le otorgaron 31 mil 383 mdp; para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mil 998 mdp.
Para el Instituto Federal Electoral, se avalaron 10 mil 499 mdp y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mil 101 mdp; para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son 4 mil 551 mdp.
Para los ramos administrativos, el presupuesto asciende a 860 mil 804 mdp, en los que se desglosan: Presidencia de la República, con mil 786 mdp; Secretaría de Gobernación tendrá un gasto de 15 mil 986 mdp; Relaciones Exteriores, 5 mil 823 mdp; Hacienda y Crédito Público, 39 mil 031 mdp; Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 73 mil 896 mdp; Comunicaciones y Transportes tiene 85 mil 392 mdp.
En materia de seguridad pública, los diputados aprobaron para Marina un gasto de 18 mil 270 mdp; para Defensa Nacional, 50 mil 39 mdp; Procuraduría General de la República tendrá 11 mil 997 mdp y la Secretaría de Seguridad Pública contará con recursos que ascienden a 35 mil 519 mdp.
En ese contexto, la Secretaría de Economía tiene 16 mil 519 mdp; Educación Pública, con 230 mil 360 mdp; Salud con 105 mil 617 mdp; Trabajo y Previsión Social, quedó en 3 mil 704 mdp; Reforma Agraria gastará 5 mil 609 mdp; Medio Ambiente y Recursos Naturales tendrá 51 mil 293 mdp.
La Secretaría de Energía cuenta con 3 mil 093 mdp; Desarrollo Social con 80 mil 283 mdp; a Turismo le aprobaron 4 mil 818 mdp; Función Pública, mil 346 mdp; los Tribunales Agrarios tendrán 871 mdp; el del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es de mil 849 mdp; la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal tiene 101 millones de pesos y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá 17 mil 509 mdp.
En gasto programable, las Aportaciones a Seguridad Pública para el 2011 ascienden a 326 mil 045 mdp; Provisiones Salariales y Económicas, con 49 mil 281 mdp; Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos con 44 mil 433 mdp y las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios tendrán 451 mil 167 mdp.
Los recursos para el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) son por 293 mil 652 mdp.
Al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se avaló un presupuesto de 112 mil 548 mdp; al Instituto Mexicano del Seguro Social, 338 mil 240 mdp; a la Comisión Federal de Electricidad, 238 mil 543, y Petroleos Mexicanos, 418 mil 328 mdp.
Conforme al artículo 272 de la Ley del Seguro Social, el gasto programable del Instituto Mexicano del Seguro Social será de 338 mil 240 millones de pesos. El gobierno federal aportará al instituto la cantidad de 51 mil 652 millones de pesos como aportaciones para los seguros; la cantidad de 112 mil 086 millones de pesos para cubrir las pensiones.
Durante el ejercicio fiscal de 2011, el IMSS deberá destinar a las reservas financieras y actuariales de los seguros, así como al fondo para el cumplimiento de obligaciones laborales de carácter legal o contractual, la cantidad de 4 mil 925 millones de pesos, a fin de garantizar el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contraiga y hacer frente a las obligaciones laborales.
Por otra parte, el dictamen señala que se realizaron más de 100 cambios a los artículos del proyecto enviado por el Ejecutivo, además de que se adicionaron 11 artículos nuevos.
Con dichas modificaciones “se da pie a un Fondo de Reconstrucción de las Entidades Federativas que fueron afectadas en este año por los fenómenos climatológicos. Asimismo, autoriza la creación del fondo regional para apoyar a los diez estados con menor índice de desarrollo humano”.
Prohíbe la adquisición y distribución de equipos eléctricos y determina la no canalización de recursos al Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT), hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva la controversia en la materia.
Restringe el uso de recursos públicos para publicidad en aquellos estados que se encuentren en proceso electoral y autoriza canalizar recursos a los municipios para combatir el fenómeno delictivo.
Lo mismo para transparentar el proceso de asignación y ejercicio del gasto federal en los diferentes órdenes de gobierno; para ampliar y hacer accesibles los informes en materia de gasto corriente que rinde el Ejecutivo.
Asimismo, para regular de manera estricta los sueldos de los mandos superiores y establecer disposiciones adicionales para la austeridad y el ajuste al gasto corriente, además de que se faculta a las comisiones de la Cámara de Diputados para emitir opiniones vinculantes en materia de Reglas de Operación.
También para facilitar el acceso a los fondos metropolitanos y regionales por parte de los estados y municipios; transparentar e incrementar por segundo año consecutivo el subsidio ordinario a la educación superior, y establecer las bases para la universalización de la educación media superior, para lo cual se destinaron mil millones de pesos.
En otra de las modificaciones se autoriza un fondo de pavimentación y de espacios deportivos que apoye en esas labores a los municipios; se da certidumbre al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos a fin de que pueda desarrollar las nuevas funciones que la ley le otorga.
En el dictamen se establece transparentar el Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones e instruir a la Auditoría Superior de la Federación para que le dé seguimiento al desarrollo del sistema satelital y obliga a detallar los recursos otorgados a las comunidades indígenas.
En la reunión de trabajo se aprobó también el Proyecto de Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria, el cual, según el artículo 30 de la Ley de Desarrollo Social, debe emitirse por la Cámara de Diputados al momento de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Finalmente, el diputado Luis Videgaray Caso reconoció el trabajo de todos y cada uno de los integrantes de la Comisión, lo que permite entregar al Pleno de la Cámara de Diputados un dictamen por unanimidad y dentro del plazo legal