* Un tribunal es independiente en la medida en que resuelve controversias libres de cualquier control o presión
* El magistrado de la Sala Superior del TEPJF dijo que de esa manera se contará con organismos jurisdiccionales efectivamente autónomas en su funcionamiento
Aguascalientes, Aguascalientes.- Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propuso que, para garantizar la independencia plena del trabajo de los tribunales electorales, sus presupuestos puedan ser determinados de acuerdo con una cantidad fija del Producto Interno Bruto (PIB) de cada entidad.
Al dictar la Conferencia “Garantías de Independencia y Autonomía Financiera”, agregó que o bien permitir a los órganos jurisdiccionales intervenga en las deliberaciones legislativas para determinar los presupuestos de las instituciones públicas.
Planteó que un modelo ideal sería que los Congresos locales reconocieran y establecieran en la Constitución o en la Ley como presupuesto para los tribunales de los estados un porcentaje fijo del PIB de la entidad, a fin de garantizar autonomía financiera y prevenir reducciones injustificadas o motivadas por causas o intereses ajenos a la propia dinámica y funcionamiento de los tribunales.
Ante César Lorenzo Wong Meraz, presidente de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana y Jorge Ramón Díaz de León Gutiérrez, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, apuntó que “la autonomía financiera nos compromete a todos, magistradas y magistrados, a reforzar esta convicción plena de independencia y autonomía”.
“Un tribunal es independiente en la medida en que resuelve controversias libres de cualquier control o presión que pueda provenir de otras instituciones, de otros poderes públicos o de aquellos incentivos que podrían generarse a través de quienes son parte o compiten en los procesos electorales y este tipo de incentivos o generación de obstáculos o impedimentos también están impuestos por el dinero público”, recalcó.
En caso de que esta propuesta no fuera posible, Rodríguez Mondragón recomendó, tal y como lo señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los organismos judiciales participen en las deliberaciones que se lleven a cabo en las cámaras de diputados estatales para fijar los montos presupuestales que se les deben otorgar.
Durante su participación, la cual se llevó a cabo en la Casa de la Cultura Jurídica Aguascalientes, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hizo un recuento de los diversos asuntos relacionados con la petición de los tribunales locales para que se les entreguen los recursos presupuestales necesarios para llevar a cabo sus actividades.
A partir de las resoluciones, explicó, se pueden encontrar tres tipos de conflictos: “uno, los que tienen que ver con la reducción de las solicitudes de presupuesto; dos, las omisiones o incumplimientos en las transferencias de recursos ya aprobados; y, tres, la omisión o respuestas injustificadas, negando ampliaciones presupuestales”.
Rodríguez Mondragón subrayó que al quedar en manos del Ejecutivo local la decisión o la relación entre garantías de independencia y economía financiera, surgen este tipo de tensiones en un contexto, en donde los tribunales electorales son quienes deciden y revisan la constitucionalidad y legalidad de los actos que llevan a cabo por autoridades electorales administrativas, por partidos políticos y, de ser el caso, por otro tipo de poderes públicos en la entidad.
“En el sistema electoral nacional sí sería ideal que tuviéramos normas o criterios que reduzcan los márgenes de discrecionalidad del Poder Ejecutivo en general respecto de la autonomía financiera de los poderes judiciales”, añadió.
Sin embargo, “también hay que fortalecer las condiciones de transparencia, de sanciones en el ámbito financiero cuando éste no se ejecuta, ya sea por cualquiera de los poderes, de manera que cumpla con los principios constitucionales”, puntualizó.
