Oaxaca, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) rechazó que hayan determinado cerrar el expediente abierto por los hechos ocurridos en el zócalo de la ciudad de Oaxaca la semana pasada, cuando un grupo de inspectores municipales intentó impedir que simpatizantes del diputado federal, Hugo Jarquín, repartieran tamales y atole.

El Visitador General de la DDHPO, Juan Rodríguez Ramos, aclaró que el personal de la DDHPO carece de facultades para solicitar a las personas peticionarías o víctimas de violaciones a sus garantías se retracten o se desistan de alguna queja, por lo que la Defensoría continuará con los trámites respectivos conforme a la normatividad, como lo ha venido realizando desde que tomó conocimiento del caso.

Indicó que al tener conocimiento de los hechos el pasado 2 de febrero, personal de la Defensoría se trasladó al centro histórico de la capital oaxaqueña para investigar lo que sucedía y abrir el expediente respectivo.

Lo anterior “luego de que seguidores del legislador federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) pudieron realizar su actividad como la tenían programada, debido a que inspectores del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez desistieron de su negativa a que el reparto de tamales y atole se llevara a cabo”. El personal de la DDHPO se retiró, pero el expediente al respecto quedó abierto.

Rodríguez Ramos dio a conocer que en todo momento la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca ha atendido a los peticionarios de la queja y prueba de ello es que este viernes 8 de febrero se le recibió una promoción a uno de los abogados del caso.

Aclaró que la Defensoría inició el expediente de queja respectivo y que de acuerdo a la ley investigará si hubo o no violaciones a los derechos humanos y hasta que termine el procedimiento se emitirá la resolución correspondiente.

A los peticionarios se les solicitó en tiempo y forma que aporten todas las pruebas que tengan sobre los hechos y a las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez también se le pidieron los informes respectivos, para continuar con los trámites de la queja, subrayó.

Reiteró que la DDHPO es un organismo público, autónomo y ciudadanizado que en ningún momento realiza recomendaciones a priori sobre la comisión de violaciones a derechos humanos por parte de servidores públicos, debido a que la ley que la creó y su reglamento interno definen estrictamente el procedimiento a seguir desde que se inicia una queja hasta que se emite una resolución.