La violencia en contra de los migrantes no ha disminuido por lo que están presente el secuestro de migrantes, al contrario los grupos que cometen este tipo de ilícitos se han especializado y diversificados sus estrategias, señalo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva.
L o anterior lo dijo al presentar el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, lo que constituye un delito que atenta directamente contra la dignidad de las personas y los derechos humanos que le son inherentes, como el derecho a la libertad, a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la integridad, y en algunos casos, al derecho a la vida.
Al explicar las líneas estratégicas que se utilizaron para la elaboración del Informe, dijo que la Comisión Nacional logró documentar 214 casos de secuestros masivos de migrantes, con un total de 11 mil 333 víctimas.
Durante 2010, personal de la CNDH llevó a cabo mil 559 visitas de trabajo a estaciones migratorias, 214 inspecciones a lugares dependientes de una autoridad diferente a la migratoria en donde se presenta una alta concentración de migrantes como aeropuertos, terminales de autobuses y ferroviarias, cruces fronterizos y puntos de revisión.
También se efectuaron 538 comprobaciones de la situación que existe en casas o albergues para migrantes y 394 visitas más a lugares de tránsito de estas personas.
Los estados en que se presentó el mayor número de secuestros de acuerdo con los testimonios ofrecidos por víctimas y testigos, son: Veracruz, seguido de Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí y Chiapas, en ese orden.
Plascencia Villanueva mencionó las 28 propuestas que la CNDH hizo a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de Migración, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública Federal, a las secretarías de seguridad pública y procuradurías generales de justicia de los estados.
Expresó que este fenómeno afecta no sólo a las víctimas, sino también a sus familias y que “cada evento de este tipo abre una herida que lastima profundamente el tejido social”.
Aseguró que en México hace falta coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a nivel federal, estatal y municipal, así como mecanismos y acciones suficientes para garantizar los derechos de los migrantes.
El Estado mexicano no cuenta con criterios claros y homologados entre las distintas instancias encargadas de la procuración de justicia, para la sistematización, seguimiento, intercambio de información, generación de registros y estadísticas delictivas, respecto a este fenómeno delictivo, planteó.
Urgió a los tres órdenes de gobierno a coordinarse de manera permanente en el establecimiento de estrategias comunes de comunicación interinstitucional e intersectorial, de capacitación a funcionarios públicos y de campañas de denuncia dirigidas a la población en general y a los migrantes, con el fin de abatir la impunidad en todos sus ámbitos.