* Deberá incluir también información presupuestal para mejorar la infraestructura educativa nacional
Ciudad de México.- La Comisión Permanente del Congreso solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) presentar a esta Soberanía un informe sobre las medidas que pondrá en marcha respecto al Protocolo de Regreso a Clases para el ciclo escolar 2020-2021, en el cual se incluya la información presupuestal para mejorar la infraestructura educativa nacional.
Además, la dependencia deberá reportar sobre las medidas de coordinación que tiene previstas con las autoridades educativas de las 32 entidades federativas para la implementación de dicho protocolo, una vez que se realice el regreso presencial a clases, así como para la atención del personal docente catalogado como personas vulnerables ante el Convid-19.
Legisladores de diversos grupos parlamentarios argumentaron que ante la presentación del citado protocolo, se establece la dimensión del reto que enfrenta el Sistema Educativo Nacional en términos de adopción y ejecución óptima de las medidas necesarias para su cumplimiento en términos de infraestructura y de recursos materiales y que tendrán un impacto en las asignaciones presupuestales para los planteles federales y locales.
Para tal efecto, refirieron, en la educación básica y normal deben atenderse a 25.5 millones de alumnos, con la concurrencia de 1.2 millones de docentes y personal de apoyo pedagógico y administrativo, en un universo de 226 mil planteles escolares.
Ese desafío, señalaron, se torna más complejo ante las insuficiencias y rezagos en materia de infraestructura física y el equipamiento de las escuelas públicas, muchas de las cuales no presentan condiciones adecuadas para propiciar los hábitos de higiene personal de las y los educandos.
Insistieron en su preocupación sobre lo que establece el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, respecto a la carencia de financiamiento para mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional, lo cual se agudiza en las escuelas de comunidades rurales.
Esos centros educativos, afirmaron, no cuentan en la mayoría de casos con instalaciones sanitarias funcionales, así como la falta de servicio de energía eléctrica y acceso a equipos de informática, además de la carencia de áreas adecuadas para la atención de las y los alumnos con discapacidad.
La propuesta fue aprobada en votación económica y se ordenó su comunicación.
