La Comisión Permanente de Asuntos Migratorios de la LXI Legislatura propuso una partida de 20 millones de pesos destinada exclusivamente para el pago a los primeros mil ex braceros de Oaxaca, de los cinco mil que se tienen censados a la fecha.
El punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, señala que se entregaría a título gratuito la mencionada cantidad al Fideicomiso que Administrará el Fondo para ex trabajadores migratorios para el pago del adeudo o en su defecto se opere a través del mecanismo que el titular del Poder Ejecutivo determine.
En tribuna, el presidente de dicha comisión, diputado Maximino Vargas Betanzos, del PRI, expuso el acuerdo signado por los integrantes de la misma, los diputados Aleida Serrano Rosado y Tomás Basaldú Gutiérrez, del PRD; Carlos Martínez Villavicencio, del PRI, y Juan Mendoza Reyes, del PAN.
Indicó que coincidieron que este sería un acto de justicia social compensatoria, dado que la mayoría de ex braceros tiene más de 75 años de edad, padecen de enfermedades y no cuentan con recursos para atenderlas.
Consideramos esto una retribución mínima que el Estado debe hacerles, dijo, al señalar que es una demanda justa la formulada por los trabajadores ex migratorios que laboraron en Estados Unidos de Norteamérica durante los años 1942 al 1964, no contraviene el derecho y además que se presenta en momento oportuno.
Agregó que no debe pasar desapercibido que la fuerza de trabajo y ahorro que representaron estos trabajadores, que fue determinante para apoyar a la economía interna y el desarrollo de nuestras comunidades oaxaqueñas.
En los considerandos, los diputados explican que durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos requirió a México mano de obra para cubrir sus necesidades laborales; para ello ambos gobiernos negociaron y signaron el acuerdo correspondiente para el reclutamiento, traslado y legal estancia de aproximadamente cinco millones de trabajadores llamados braceros, quienes cubrieron la carencia de mano de obra que afectaba la economía americana.
Como parte de los acuerdos entre los dos países se instituyó un Fondo de Ahorro obligatorio, reteniéndoles el 10 por ciento del salario que percibían y se estableció que este recurso económico les sería entregado al retornar a sus lugares de origen.
Sin embargo, esos convenios binacionales no fueron cumplidos y los trabajadores migratorios de diferentes entidades de la República no recibieron las cantidades de su Fondo de Ahorro que por derecho les correspondía.
La propuesta fue turnada a la Comisión Permanente de Presupuesto y Programación del Congreso del Estado para que se incluya en el Presupueste de Egresos 2011.
